El Penal de Chimbas avanza con ensayos para bloquear señales de celulares
El Servicio Penitenciario inició pruebas técnicas en distintos pabellones para definir un sistema que limite las comunicaciones no autorizadas desde el interior de la cárcel. La iniciativa se complementa con requisas permanentes y controles sobre internos, visitantes y personal.
El Gobierno provincial puso en marcha una nueva fase del plan de seguridad en el Penal de Chimbas, orientada a interrumpir las comunicaciones clandestinas desde el interior del establecimiento. La propuesta apunta a incorporar un sistema capaz de neutralizar señales de telefonía móvil y otros enlaces inalámbricos utilizados de manera irregular por los internos.
El director del Servicio Penitenciario, Carlos Suárez, señaló que la medida forma parte de un proceso de actualización tecnológica destinado a mejorar los controles y reforzar la seguridad de la unidad carcelaria. Según explicó, el objetivo es impedir que los detenidos utilicen celulares u otros dispositivos para mantener contactos no autorizados con el exterior.
La implementación todavía no está finalizada. Esta semana comenzaron ensayos de campo a cargo de una empresa especializada, luego de definir los puntos estratégicos en los que se evaluará el alcance del sistema. Las pruebas se realizan por sectores y pabellones para medir con precisión el efecto del bloqueo y evitar interferencias fuera del complejo penitenciario.
Con los resultados obtenidos, los técnicos determinarán qué configuración resulta más adecuada para que los equipos no autorizados queden sin posibilidad de comunicación. Suárez indicó que se trata de un trabajo gradual y sujeto a evaluaciones permanentes. "Se va midiendo el impacto por áreas y recién después se define la solución final", afirmó.
También aclaró que la puesta en funcionamiento definitiva dependerá de la validación técnica de la Secretaría de Seguridad y de la disponibilidad presupuestaria de los ministerios involucrados. Mientras tanto, el Servicio Penitenciario mantiene los controles habituales dentro de la cárcel.
El director remarcó que las requisas no responden a hechos aislados, sino que forman parte de una política de seguridad sostenida. Los operativos incluyen inspecciones en pabellones, talleres, espacios educativos, accesos de visitas, personal penitenciario y cualquier persona que ingrese al establecimiento. Además, se realizan procedimientos sorpresa para detectar elementos prohibidos.
Actualmente, el Penal de Chimbas alberga 1.843 personas privadas de la libertad, de las cuales alrededor del 90% tiene condena firme, según datos oficiales. En ese contexto, las autoridades consideran que la incorporación de herramientas tecnológicas es clave para fortalecer la vigilancia y mejorar la capacidad de control del establecimiento.
Suárez sostuvo que la seguridad moderna requiere combinar el trabajo del personal con soluciones tecnológicas cada vez más precisas. "La tecnología avanza constantemente y permite optimizar los sistemas de seguridad. Por eso se está realizando un análisis muy específico para que el proyecto pueda concretarse de la manera más eficiente posible", expresó.
La decisión de avanzar con sistemas de bloqueo de señales también se vincula con nuevas alertas por el ingreso de elementos prohibidos desde el exterior. A fines de mayo, el secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, informó que el Servicio Penitenciario había registrado al menos dos episodios en los que drones sobrevolaron el complejo carcelario.
Si bien en esos casos no se comprobó el lanzamiento de objetos, la situación generó preocupación por el posible uso de esas aeronaves para introducir droga, teléfonos u otros elementos de manera clandestina. Días antes, personal penitenciario había desplegado un operativo tras advertir movimientos sospechosos en las inmediaciones del penal y detectar el lanzamiento de objetos desde el exterior durante la madrugada.
Frente a ese escenario, la incorporación de tecnología para neutralizar comunicaciones y prevenir maniobras de contrabando ganó prioridad dentro de la agenda de seguridad provincial. Según había anticipado Delgado, el objetivo no sólo era avanzar con inhibidores para bloquear celulares utilizados ilegalmente por internos, sino también evaluar herramientas capaces de detectar o neutralizar drones que pudieran representar una amenaza para la seguridad del establecimiento.
El funcionario había explicado además que uno de los desafíos centrales del proyecto es evitar que las restricciones de señal afecten a los vecinos de los barrios cercanos al penal. Por ese motivo, las autoridades impulsaron estudios técnicos previos para determinar el alcance preciso de los equipos y planificar una implementación gradual.
Las pruebas que actualmente se desarrollan dentro del Servicio Penitenciario están vinculadas con ese objetivo. Los especialistas buscan establecer qué sectores requieren una cobertura más intensa y cómo garantizar que el bloqueo se limite al interior del complejo, sin generar inconvenientes fuera de sus límites.
De esta manera, el plan de modernización que atraviesa su etapa de evaluación técnica se presenta como una respuesta a dos problemas concretos: las comunicaciones ilegales realizadas desde el interior de la cárcel y las nuevas modalidades de contrabando que podrían llegar por vía aérea mediante drones.