Una jubilada deberá reintegrar más de $4,2 millones al Estado tras seguir cobrando por casi nueve años
La Cámara Civil confirmó una condena contra una exempleada del Ministerio de Salud Pública que percibió haberes estatales después de su jubilación. El tribunal sostuvo que el error administrativo no exime la obligación de devolver los fondos recibidos sin respaldo legal.
La Justicia provincial dejó firme una sentencia que ordena a una jubilada devolver más de $4.209.270 cobrados de manera indebida durante casi nueve años. El caso se vinculó con un error administrativo que permitió que siguiera percibiendo haberes estatales luego de haber cesado en sus funciones.
La mujer, identificada como Esmeralda Victoria, concluyó su relación laboral con el Ministerio de Salud Pública en noviembre de 2013, cuando accedió al beneficio jubilatorio. Pese a ello, los depósitos de su salario continuaron ingresando en la misma cuenta hasta diciembre de 2022, momento en que el Estado advirtió la irregularidad e inició las gestiones para recuperar el dinero.
Ante la falta de un acuerdo extrajudicial, la Fiscalía de Estado promovió una demanda por restitución de fondos. Durante el proceso, la exagente sostuvo que no interpretó esos pagos como erróneos y afirmó que podían corresponder a diferencias salariales pendientes por una recategorización reclamada en el pasado o a beneficios asociados a programas de reparación histórica para jubilados.
Según publicó 0264Noticias, el juez Walter Otiñano analizó el planteo inicial y consideró que existió un enriquecimiento sin causa, por lo que hizo lugar al reclamo oficial. La defensa apeló al entender que la responsabilidad era exclusiva de la administración pública y que además se habían afectado garantías vinculadas al derecho de defensa.
Sin embargo, la Sala I de la Cámara Civil confirmó la resolución. Los camaristas concluyeron que el error estatal no elimina la obligación de restituir sumas percibidas sin sustento legal y descartaron una vulneración del derecho de defensa, al señalar que la jubilada pudo exponer sus argumentos tanto en sede administrativa como judicial.
Con esa decisión, quedó firme la condena que obliga a Esmeralda Victoria a reintegrar el monto fijado al Estado provincial, más los intereses correspondientes hasta la cancelación total de la deuda.
