Fiscalía calcula una reparación millonaria para las presuntas víctimas y crece la disputa en el juicio contra De la Fuente

El juicio federal que tiene como principales acusados al abogado sanjuanino Gustavo de la Fuente y al ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo atraviesa sus jornadas más decisivas. En una de las últimas audiencias, el Ministerio Público incorporó un informe que proyecta una reparación económica superior a los $1.152 millones para las mujeres consideradas víctimas en la investigación por presunta trata de personas con fines de explotación sexual.

El documento fue confeccionado por la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación y buscó determinar el perjuicio económico y moral sufrido por quienes habrían desarrollado actividades vinculadas a la firma Belle Argentina.

Según se explicó durante la audiencia, el cálculo incluyó distintos conceptos, entre ellos las ganancias obtenidas a partir de la actividad investigada, los ingresos que las mujeres habrían percibido en condiciones laborales regulares y una compensación por el daño moral derivado de la situación denunciada.

La responsable del estudio detalló que el análisis tomó como referencia la duración promedio de permanencia de las trabajadoras en el sistema investigado, la cantidad de clientes atendidos y las operaciones registradas en distintas plataformas digitales. La pesquisa sostiene que la actividad incluía transmisiones de contenido sexual en línea y mecanismos tecnológicos que permitían la interacción remota de usuarios, incluso desde otros países.

De acuerdo con la estimación oficial, una parte importante de los ingresos generados habría quedado en poder de los responsables de la estructura investigada. A ello se sumó una proyección sobre lo que las mujeres deberían haber percibido por tareas vinculadas al modelaje y una valoración económica del daño extrapatrimonial.

La presentación provocó una inmediata reacción de los abogados defensores. Tanto la representación de De la Fuente como la defensa oficial de Quevedo señalaron que el documento no constituye una pericia ordenada por el tribunal, sino un informe elaborado a pedido de la fiscalía. También cuestionaron que parte de las conclusiones se apoyen en registros y anotaciones secuestradas durante allanamientos y en información extraída de dispositivos electrónicos.

Otro de los puntos de controversia gira en torno a los movimientos financieros analizados en la causa. Según trascendió durante el debate, estudios periciales realizados sobre cuentas bancarias vinculadas a los imputados reflejarían cifras considerablemente inferiores a las planteadas en el informe presentado por la acusación.

La discusión también alcanza la cantidad de presuntas víctimas incorporadas al expediente. Mientras la fiscalía sostiene que existen 37 mujeres afectadas, la defensa remarca que solo un grupo reducido declaró formalmente durante el juicio. Además, varias de las testigos que comparecieron habrían negado haber sido explotadas, situación que los acusados consideran favorable para su estrategia procesal.

Con el cierre de la etapa probatoria cada vez más cerca, el proceso se encamina hacia una definición. Para los próximos días está prevista la declaración de Quevedo y no se descarta que De la Fuente también brinde testimonio. En tanto, los alegatos finales fueron programados para el 25 de junio y, una vez concluidos, el juez federal Daniel Doffo quedará en condiciones de emitir el veredicto que pondrá fin a uno de los debates judiciales más resonantes de los últimos años en San Juan.