La causa por el Acueducto Gran Tulum tendrá tres meses más de investigación

La investigación judicial vinculada a la construcción del Acueducto Gran Tulum sumó este miércoles un nuevo capítulo luego de que la Justicia autorizara extender los plazos para profundizar las pesquisas sobre las presuntas irregularidades denunciadas en torno a la obra.
La decisión fue adoptada por la jueza de Garantías Mónica Lucero durante una audiencia realizada en horas de la tarde, en la que hizo lugar al pedido formulado por los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, quienes solicitaron más tiempo para continuar reuniendo elementos de prueba antes de definir el futuro procesal de la causa.
Con esta resolución, el equipo investigador dispondrá de otros 90 días hábiles para avanzar con distintas medidas orientadas a esclarecer los hechos denunciados y determinar si existen fundamentos suficientes para formular imputaciones.
Del encuentro judicial también participó el abogado José Aníbal Fraifer, en representación de Fiscalía de Estado, según indicaron fuentes vinculadas al expediente.
La audiencia había quedado en suspenso el día anterior, cuando la magistrada resolvió establecer un cuarto intermedio para garantizar la notificación formal del abogado Nasser Uzair. El letrado representa a los ex titulares de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, quienes podrían quedar alcanzados por la investigación que se desarrolla en el ámbito de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales.
La prórroga concedida constituye la última instancia de ampliación prevista para esta etapa del proceso. Una vez agotado ese plazo, el Ministerio Público deberá definir si cuenta con evidencia suficiente para avanzar hacia la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), instancia en la que se comunican oficialmente los hechos atribuidos y los posibles delitos investigados a quienes resulten sospechados.
En caso de no reunir elementos que respalden las acusaciones, la Fiscalía deberá resolver el archivo de las actuaciones o la desestimación de la denuncia.
La causa tuvo origen el 9 de diciembre del año pasado a partir de una presentación realizada por el abogado Marcelo Arancibia. En su escrito solicitó que se investigaran posibles irregularidades en los procedimientos de contratación vinculados al Acueducto Gran Tulum, una de las obras de infraestructura más importantes ejecutadas en la provincia durante los últimos años.
Entre los puntos planteados por el denunciante figura un supuesto direccionamiento de condiciones licitatorias que habría favorecido a la empresa proveedora de cañerías Krah. Según la denuncia, esa firma tendría vínculos con Gustavo Monti, empresario fallecido en febrero pasado y familiar del actual senador nacional Sergio Uñac.
Posteriormente, Arancibia amplió la presentación inicial incorporando nueva documentación y una serie de hechos que, a su entender, merecen ser analizados por la Justicia. Entre ellos mencionó la presunta intervención de Monti como apoderado de la empresa proveedora, la posterior incorporación de un ex presidente de OSSE (Sergio Ruíz) al entorno político del entonces gobernador, además de cuestionamientos vinculados a actualizaciones de precios y adelantos financieros otorgados durante la ejecución de la obra.
Sobre la base de esos elementos, la denuncia plantea la posible existencia de delitos contra la administración pública, entre ellos negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, administración fraudulenta, malversación de fondos y otros tipos penales que deberán ser evaluados durante el avance de la investigación.
Por ahora, la causa permanece en etapa de recolección de pruebas y análisis documental. Los próximos tres meses serán determinantes para que los fiscales definan si existen responsabilidades penales que justifiquen una imputación formal o si, por el contrario, el expediente concluye sin acusaciones.