Condenaron a Daniel Algarilla por una estafa vinculada a una falsa formación docente

Tras varios días de audiencias y la declaración de más de veinte testigos, la Justicia sanjuanina cerró el juicio contra Daniel Algarilla, ex trabajador de la morgue del Hospital Marcial Quiroga, quien se presentaba como docente de una carrera vinculada a tareas de evisceración y formación técnica.

El juez Mariano Carrera lo condenó a un año y seis meses de prisión de cumplimiento condicional por el delito de estafa en perjuicio de cuatro denunciantes. También le impuso reglas de conducta por el plazo de dos años, por lo que no deberá cumplir la pena en un establecimiento penitenciario.

Durante el debate oral, la Fiscalía sostuvo que Algarilla captaba alumnos con la promesa de una capacitación que, según decía, les permitiría acceder a oportunidades laborales en el ámbito forense y mortuorio. La acusación señaló además que construyó durante años una imagen profesional sin respaldo académico ni institucional.

El fiscal Guillermo Heredia, de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, advirtió que las cuatro denuncias elevadas a juicio podrían ser solo una parte de las personas afectadas. Junto con el abogado querellante Roberto Lucero, había pedido cuatro años de prisión efectiva y una compensación económica para los damnificados.

Entre los testimonios incorporados al proceso, varios exalumnos relataron que participaron en prácticas con restos humanos sin medidas de seguridad adecuadas. También afirmaron que algunas actividades se desarrollaban dentro de la morgue del Hospital Marcial Quiroga, donde Algarilla trabajaba y de donde luego fue desvinculado.

Otro eje del juicio fue el rol de las instituciones asociadas a la difusión de los cursos. Liliana Belbruno, directora del Instituto Eleva, afirmó que su participación se limitaba al alquiler de espacios y a la promoción de las actividades, y negó que la carrera contara con aval institucional. En la misma línea, representantes del Grupo Sevilla indicaron que solo emitían certificados de asistencia y matrículas internas de carácter asociativo, sin validez habilitante oficial.

La defensa sostuvo que las denuncias respondían a conflictos personales y apuntó contra responsables de entidades educativas vinculadas a la actividad. También mencionó que una de las directoras señaladas enfrenta actualmente varias denuncias por estafa en una causa que sigue en investigación.

Finalmente, el magistrado consideró acreditada la maniobra fraudulenta en los cuatro casos analizados y dictó la condena. A la vez, rechazó el pedido de reparación económica presentado por la querella y permitió que Algarilla permanezca en libertad bajo las condiciones fijadas por la sentencia.