Las cifras que preocupan: más de 300 denuncias mensuales por violencia en la provincia

La violencia intrafamiliar y de género continúa representando uno de los principales desafíos sociales y judiciales en San Juan. Durante los primeros cinco meses de 2026, los organismos especializados recibieron más de 1.200 denuncias formales, una cifra que expone la persistencia de situaciones de conflicto, agresión y vulnerabilidad en distintos hogares de la provincia.

Los datos surgen de un informe elaborado por el Centro de Abordaje y Contención de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG), dependiente del Ministerio Público Fiscal, que además evidencia una elevada demanda de asistencia por parte de personas que buscan orientación, protección o intervención estatal ante episodios de violencia.

El volumen de trabajo desarrollado por el organismo durante el período analizado alcanzó las 6.691 intervenciones. Dentro de ese total se incluyen actuaciones judiciales, asesoramientos, entrevistas, medidas de protección y diversas acciones destinadas a contener a víctimas y prevenir situaciones de riesgo.

Uno de los indicadores que más llama la atención es la cantidad de consultas previas a la denuncia. Entre enero y mayo se registraron 2.498 asesoramientos y orientaciones, lo que demuestra que muchas personas recurren inicialmente a los equipos especializados para conocer sus derechos y las herramientas disponibles antes de iniciar una acción formal.

La necesidad de protección inmediata también se refleja en los números. Durante esos cinco meses se tramitaron 1.545 formularios destinados a activar mecanismos de resguardo para víctimas que atravesaban situaciones de violencia o se encontraban expuestas a potenciales agresiones.

Al analizar el detalle de las denuncias formalizadas, las lesiones aparecen como la conducta delictiva más frecuente. Se contabilizaron 610 casos vinculados a agresiones físicas, una cifra que representa casi la mitad del total de presentaciones registradas.

En segundo lugar figuran los incumplimientos de resoluciones judiciales, con 259 denuncias por desobediencia. Se trata de hechos que, en muchos casos, involucran el incumplimiento de restricciones de acercamiento u otras medidas impuestas para proteger a las víctimas.

Las amenazas también ocupan un lugar relevante dentro de las estadísticas, con 184 denuncias. A ellas se suman otros delitos que forman parte de la compleja realidad que enfrentan los equipos especializados, como daños, hurtos, violaciones de domicilio e impedimentos de contacto.

El informe además expone situaciones de extrema gravedad. Durante el período analizado se registraron 56 denuncias por abuso sexual y otros 14 casos por abuso sexual con acceso carnal, hechos que requieren intervenciones urgentes y un acompañamiento integral por parte de profesionales especializados.

La respuesta institucional incluyó una importante actividad operativa. En total se concretaron 269 allanamientos y se otorgaron 558 medidas de protección destinadas a resguardar la integridad de personas que se encontraban en contextos de riesgo. Además, las investigaciones derivaron en 76 detenciones vinculadas a distintos hechos denunciados.

Otro dato significativo es la realización de 1.164 entrevistas y citaciones dentro de los expedientes en trámite. A ello se suman 133 actas de comparecencia y 81 retractaciones, un fenómeno que suele representar uno de los mayores desafíos en los casos de violencia, debido a los condicionamientos emocionales, económicos y familiares que muchas veces enfrentan las víctimas.

Las cifras reflejan una problemática que mantiene una alta demanda sobre el sistema judicial y los equipos interdisciplinarios de asistencia. Psicólogos, médicos, trabajadores sociales y operadores especializados sostienen una labor permanente para atender situaciones que, detrás de cada número, representan historias personales atravesadas por el miedo, la vulnerabilidad y la búsqueda de protección.