Amplían la denuncia por el Acueducto Gran Tulum y aseguran que un informe revelaría que funcionarios conocían las fallas técnicas desde el 2020

Marcelo Arancibia sumó un informe técnico y pidió ampliar la investigación.
La denuncia penal por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum sumó un nuevo capítulo. El abogado Marcelo Arancibia presentó una ampliación de la acusación original incorporando documentación técnica que, según sostiene, demostraría que organismos públicos, inspectores y responsables de la obra tenían conocimiento de observaciones críticas sobre las cañerías utilizadas desde junio de 2020.
La nueva presentación judicial incorpora como elemento central un informe técnico elaborado por la firma Industrias Metalúrgicas Jaime el 24 de junio de 2020, durante la ejecución de la obra financiada con fondos provinciales y un crédito internacional destinado a mejorar el abastecimiento de agua potable para el Gran San Juan.
Según la ampliación de denuncia, el documento refleja la existencia de observaciones vinculadas al proceso de electrofusión de los caños de polietileno de alta densidad (PEAD) empleados en distintos tramos del acueducto. Arancibia sostiene que las conclusiones técnicas incluidas en ese informe permitían advertir problemas que comprometían la calidad y confiabilidad del sistema, por lo que" resultaría esencial determinar qué funcionarios y responsables de la obra tomaron conocimiento de esas observaciones y qué decisiones adoptaron posteriormente".
La presentación judicial señala que el informe fue elaborado en el marco de inspecciones realizadas con participación de representantes de la contratista MAPAL S.A., personal de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y técnicos especializados, por lo que las advertencias habrían sido conocidas durante el desarrollo mismo de la obra.
En ese contexto, la ampliación sostiene que la cuestión ya no pasa por establecer si los materiales utilizados cumplían o no con las especificaciones técnicas requeridas, sino por determinar si existió conocimiento previo de posibles deficiencias y, pese a ello, se continuó con la ejecución, certificación y financiamiento del proyecto.
"La gravedad institucional del caso radica en que las observaciones técnicas no habrían surgido años después de terminada la obra, sino durante su ejecución", sostiene la presentación incorporada al expediente. Bajo esa hipótesis, la denuncia apunta a establecer si hubo omisiones deliberadas, encubrimiento de información técnica o decisiones administrativas adoptadas pese a la existencia de advertencias formales.
A partir de la nueva documentación aportada, Arancibia solicitó ampliar la investigación sobre posibles delitos vinculados con la administración pública, entre ellos administración fraudulenta agravada, incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y otras figuras que la Justicia deberá analizar en función de la prueba que se incorpore durante la instrucción.
El informe técnico que ahora forma parte de la causa describe las características de los caños PEAD utilizados en la obra, los procedimientos de ensamblaje y electrofusión ejecutados durante 2020 y las verificaciones realizadas sobre las uniones. Para el denunciante, esos antecedentes técnicos constituyen una prueba relevante para reconstruir qué información circuló entre los responsables del proyecto y si existieron alertas que no fueron atendidas.
La investigación judicial buscará determinar ahora si las observaciones técnicas detectadas durante la construcción tuvieron incidencia en las decisiones administrativas posteriores y si existió algún perjuicio para el Estado en una de las obras de infraestructura hídrica más importantes ejecutadas en San Juan durante las últimas décadas.