Royón propone actualizar la ley de biocombustibles con mayores mezclas obligatorias

La senadora nacional Flavia Royón presentó en el Congreso un proyecto de ley orientado a establecer un nuevo marco regulatorio para el sector de biocombustibles. La propuesta apunta a modernizar la normativa vigente y a ubicar a la Argentina en un proceso de transición hacia energías más limpias.

El texto fija reglas para toda la cadena de valor, desde la producción hasta la comercialización, y pone el foco en la promoción de inversiones, el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de las economías regionales. También plantea la conformación de un mercado "eficiente y competitivo" que asegure el abastecimiento e incorpore biocombustibles de segunda y tercera generación.

Uno de los cambios centrales es el aumento progresivo de los cortes obligatorios de biodiesel y bioetanol en los combustibles fósiles. Para el gasoil, el proyecto establece un piso inicial de 7,5% de biodiesel, que subiría al 10% al año y al 15% a los dos años de vigencia de la ley. En el caso de las naftas, se fija un corte del 15% de bioetanol.

La iniciativa también incorpora nuevos vectores energéticos, entre ellos el biometano, el bioGNC, el bioGNL y el combustible sostenible de aviación (SAF). Según los fundamentos, esta incorporación busca acompañar tendencias internacionales vinculadas con la descarbonización del transporte.

En materia regulatoria, el proyecto prevé una plataforma electrónica para la comercialización, con el objetivo de garantizar transparencia, libre concurrencia y formación competitiva de precios. Además, incorpora mecanismos para evitar la concentración del mercado, entre ellos un cupo mínimo del 30% del biodiesel destinado al corte obligatorio para empresas no integradas.

El texto también impulsa el desarrollo de combustibles gaseosos renovables, con especial atención al biogás y el biometano, que podrían inyectarse en redes de gas natural y utilizarse en transporte pesado. A la vez, contempla incentivos para renovar flotas y adoptar tecnologías más limpias, junto con la exención de impuestos a los biocombustibles.

En sus fundamentos, Royón sostiene que la Argentina dispone de ventajas competitivas por su disponibilidad de biomasa y su desarrollo agroindustrial, aunque perdió posiciones frente a países como Brasil o Indonesia. También advierte que el país importa volúmenes significativos de gasoil pese a contar con capacidad instalada para producir biodiesel.

El proyecto, que propone derogar el régimen actual, plantea que un mayor uso de biocombustibles contribuiría a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, mejorar la calidad del aire y sustituir importaciones. Con ese esquema, busca combinar objetivos productivos, ambientales y energéticos en clave federal.