La querella intenta revertir el pase federal de la causa Global Market
La presentación cuestiona la decisión que trasladó el expediente al fuero federal y pide que la investigación siga en San Juan. En paralelo, persisten las diferencias entre los damnificados sobre qué jurisdicción resulta más adecuada para esclarecer el destino del dinero denunciado.
La pesquisa por las presuntas maniobras financieras vinculadas a Global Market sumó un nuevo planteo judicial y mantiene la expectativa de los inversores que reclaman precisiones sobre el destino de sus ahorros. En las últimas horas, una parte de la querella decidió impugnar la resolución que apartó a la Justicia provincial y busca que el expediente continúe en San Juan.
La presentación fue impulsada por la abogada Vanesa Laciar, junto con otro representante de damnificados, quienes sostienen que los hechos denunciados configuran una maniobra defraudatoria común y que, por ese motivo, deben seguir bajo investigación de los tribunales locales.
El conflicto se originó después de que el magistrado a cargo resolviera remitir las actuaciones al fuero federal, una decisión que abrió diferencias entre los propios querellantes. Mientras algunos consideran que la causa debe permanecer en la órbita provincial para acelerar medidas, otros entienden que la complejidad financiera exige la intervención de organismos federales.
En paralelo, otro frente judicial permanece abierto. Un juez de Impugnación ya fue designado para analizar un recurso contra la negativa a disponer varias medidas pedidas al inicio de la investigación. Entre ellas figuraban allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos y restricciones de libertad para algunos de los principales señalados.
La causa tomó fuerte repercusión en la provincia a partir de las denuncias de numerosos inversores que afirmaron haber entregado sumas importantes de dinero para participar en supuestos negocios financieros con rentabilidades atractivas. Con el paso del tiempo, los reclamos se multiplicaron cuando intentaron recuperar su capital y encontraron serias dificultades.
Entre los principales apuntados figuran Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañadas, en una investigación orientada a reconstruir el recorrido de los fondos aportados por los inversionistas. Una de las hipótesis que analizan los denunciantes sostiene que una parte relevante del dinero habría sido derivada a emprendimientos empresariales ligados a los propios investigados.
Uno de los episodios que aceleró la crisis fue el intento de una firma constructora de recuperar una cifra millonaria invertida. Según lo expuesto en audiencias judiciales, la empresa no habría podido disponer de esos recursos por la existencia de activos de difícil realización, situación que generó preocupación entre otros clientes.
Con el avance de las presentaciones judiciales, también crece la incertidumbre sobre el monto total del perjuicio económico. Las estimaciones actuales hablan de cifras cercanas a los 4.000 millones de pesos, aunque algunos abogados que intervienen en el expediente consideran que el impacto podría ser todavía mayor.
La atención se concentra ahora en las próximas resoluciones que deberán adoptar los jueces intervinientes. De esas decisiones dependerá el rumbo procesal de la causa y la posibilidad de avanzar con medidas concretas para determinar dónde están los fondos reclamados por los inversores y establecer eventuales responsabilidades penales.
