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Control institucional

Baigorrí fijó seguimiento bimestral para las causas por corrupción

El fiscal General dispuso que los expedientes vinculados con delitos contra la administración pública tengan tratamiento preferente y sean informados de manera periódica. La medida quedó establecida en la Resolución General N°22 de Fiscalía General, publicada esta semana.

Baigorrí fijó seguimiento bimestral para las causas por corrupción

El fiscal General, Guillermo Baigorrí, dejó asentado que las causas por corrupción atribuidas a funcionarios y en perjuicio del Estado tendrán carácter de prioridad y de tratamiento primordial dentro del Ministerio Público. En esa línea, sostuvo que se trata de una decisión inclaudicable para el abordaje de hechos contra la administración pública.

La directiva quedó plasmada en la Resolución General N°22 de Fiscalía General, emitida esta semana. Allí se encomendó a los fiscales de la Unidad de Investigación Delitos Especiales que remitan informes bimestrales sobre los expedientes en trámite, sus avances y las estrategias previstas, con el objetivo de evaluar el funcionamiento del organismo.

Los reportes deberán ser confidenciales y presentarse todos los años en febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, dentro de los primeros 15 días corridos. La documentación deberá incluir, entre otros puntos, la cantidad de personas cuya actuación se investiga, la descripción del caso, el estado procesal, la existencia de parte querellante y los pasos futuros o la estrategia persecutoria a desplegar.

Los informes ingresarán a la Secretaría Penal de Fiscalía General, integrada por Fabián Melo, Jorge Albarracín y Rodrigo Zabaleta. Según la resolución, ese seguimiento permitirá revisar el desempeño de la UFI y dejar constancia de los avances o de la falta de movimientos en cada causa.

Entre los expedientes bajo análisis figura la denuncia por presuntas irregularidades en la adquisición y tipos de caños, su pago y la construcción del Acueducto Gran Tulum. En ese caso, Baigorrí reforzó el equipo de investigación con dos fiscales y cuatro ayudantes fiscales para examinar la documentación y definir si hubo delito y eventuales responsabilidades penales.

La agenda de control también alcanza al juicio contra el intendente de Angaco, José Castro, imputado por malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. En paralelo, la fiscal de Cámara, Silvina Gerarduzzi, acudió a la Corte para reactivar el debate, suspendido por la Cámara Penal hasta que exista sentencia firme en otro expediente originado por una denuncia contra el jefe comunal y tres concejales.

Baigorrí, además, había señalado en el programa A todo o nada, de 0264 Radio (107.3), que los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro se encaminaban a pedir una prórroga de 90 días hábiles en la investigación preliminar del Acueducto Gran Tulum. Según las fuentes, ese plazo vence cerca de la primera quincena de junio.

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