Reforma electoral: los cambios en las PASO que el Gobierno busca acordar con aliados

El Gobierno de Javier Milei intensifica las gestiones en el Senado para avanzar con la reforma electoral que promueve la Casa Rosada y que tiene como eje la eliminación de las PASO. Ante la falta de apoyos garantizados, el oficialismo evalúa alternativas para acercar posiciones con gobernadores y aliados parlamentarios.

La iniciativa ingresó por la Cámara alta a fines de abril y forma parte del paquete político que el Ejecutivo pretende instalar antes de las elecciones legislativas del próximo año. Además de derogar las primarias, el texto introduce cambios en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, en el financiamiento de campaña y en la implementación de la Boleta Única de Papel.

En la Casa Rosada sostienen que las primarias implican un gasto innecesario para el Estado y que, en los hechos, terminaron funcionando como una "gran encuesta nacional" más que como un mecanismo de selección de candidaturas. También plantean que el sistema debilitó la identidad partidaria y profundizó las disputas internas dentro de las coaliciones.

El texto enviado al Senado propone derogar el régimen vigente desde 2009, aunque frente a las resistencias de sectores dialoguistas el Gobierno analiza opciones intermedias, como suspenderlas por única vez o convertirlas en un mecanismo optativo para las alianzas que decidan utilizarlas para definir candidaturas.

Uno de los puntos que más discusión genera es el efecto de la eliminación de las primarias sobre los partidos medianos y las coaliciones opositoras. Desde la UCR y el PRO advierten que las PASO ordenan la competencia interna y que su supresión podría derivar en una mayor fragmentación de la oferta electoral.

La reforma también endurece los requisitos para crear y sostener partidos políticos, al elevar las exigencias de afiliados y de representación territorial para conservar la personería jurídica. En paralelo, el Gobierno busca limitar los aportes públicos destinados a campañas, reforzar los controles sobre gastos partidarios e incorporar restricciones para la contratación de asesores extranjeros durante el proceso electoral.

El proyecto suma además la incorporación de Ficha Limpia al régimen electoral nacional, con el objetivo de impedir candidaturas de dirigentes con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos de corrupción. También prevé cambios en la Boleta Única de Papel y modificaciones transitorias en el sistema de elección de representantes para el Parlasur.

La negociación más sensible se concentra en el Senado, donde La Libertad Avanza no tiene mayoría propia y depende del acompañamiento de aliados y gobernadores. En ese marco, Patricia Bullrich y otros interlocutores del oficialismo mantienen conversaciones con referentes del PRO, la UCR y bloques provinciales para intentar construir un acuerdo que habilite el debate.

En el Gobierno admiten que el margen para sostener la versión original del proyecto es acotado y que probablemente deban aceptar cambios si quieren evitar que la reforma quede trabada en comisión.