Falso profesor acusado de estafa: nuevo testimonio expuso prácticas irregulares en la causa contra Algarilla

El juicio oral contra Daniel Algarilla incorporó este miércoles un testimonio que amplió el cuadro de irregularidades investigadas. En la segunda jornada del debate, una empleada del Hospital Marcial Quiroga relató cómo conoció la propuesta académica atribuida al acusado y confirmó aspectos que ya habían sido señalados en la causa.

La testigo, Isabel García, enfermera asistente de hemología desde hace una década en el nosocomio, explicó que se enteró de la oferta a través de redes sociales y que luego se acercó por sus propios medios tras ver publicaciones vinculadas al instituto Eleva. Según declaró ante el tribunal, Algarilla se presentaba como impulsor de una tecnicatura con aval universitario y salida laboral en el ámbito público y privado. También sostuvo que el acusado afirmaba que no era necesario contar con el secundario completo para "Solo hacía falta ganas y esfuerzo".

Con el avance del cursado, García afirmó que la currícula original no se respetó y que las clases eran impartidas por Algarilla, sus hijas o alumnos avanzados. Añadió que, después de una actividad en Angaco, les comunicaron que dejarían de cursar en Eleva para trasladarse a la Lomoteca 2001, un local que pertenecería a familiares del imputado. Más tarde, las actividades continuaron en un comercio de Galería Rivadavia y los pagos dejaron de realizarse al instituto para pasar a una cuenta de Mercado Pago vinculada al propio Algarilla, bajo el nombre de Centro de Capacitación Algarilla.

Uno de los tramos más sensibles de la declaración estuvo referido a las prácticas en la morgue del Hospital Marcial Quiroga. La testigo indicó que se realizaban cuando el acusado estaba de guardia y luego de finalizar las actividades de estudiantes de la Universidad Católica de Cuyo, generalmente entre las 19 y las 22 horas. También aseguró que no había protocolos de seguridad adecuados y que "Solo usábamos guantes", al tiempo que afirmó que nunca recibieron advertencias sobre riesgos biológicos y que tuvieron contacto directo con cadáveres durante esas prácticas.

La causa investiga una presunta estafa a decenas de personas mediante el ofrecimiento de una carrera que no habría tenido reconocimiento oficial dentro del sistema educativo provincial. Según se expuso en la audiencia, algunos estudiantes incluso recibieron certificados en 2025 correspondientes a una titulación distinta de la que habían iniciado.