El Gobierno envió al Congreso un proyecto para regular la actividad de lobby

El Gobierno nacional presentó este martes en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto conocido como "Ley Lobby", una propuesta para establecer un Régimen de Gestión de Intereses. La iniciativa apunta a garantizar la publicidad, transparencia, trazabilidad y probidad de las interacciones entre actores públicos y privados en los procesos de formación y toma de decisiones estatales.

Según el texto remitido, la propuesta mantiene una redacción similar a proyectos enviados en los últimos dos años por Oscar Agost Carreño, Karina Banfi, Miguel Pichetto, la Coalición Cívica y Margarita Stolbizer. El objetivo central es evitar la consolidación de privilegios indebidos y ordenar las gestiones de quienes buscan influir sobre las decisiones públicas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que el proyecto busca "ordenar y transparentar a todos aquellos que buscan influir sobre las decisiones públicas, con que funcionarios y en beneficio de quién", y lo definió como "una clara herramienta para contribuir a la construcción de una democracia más deliberativa, transparente y liberal". En el mismo sentido, el Gobierno enmarcó la iniciativa en el artículo 1ero de la Constitución Nacional, que establece la forma republicana de gobierno.

El texto también advierte que el ordenamiento vigente no cuenta con un régimen integral y sistemático para regular la gestión de intereses en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Para cubrir ese vacío normativo, propone la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses obligatorio y digital, con declaraciones juradas sobre los intereses representados y publicidad de las agendas de los funcionarios.

Además, el proyecto fija incompatibilidades para ex funcionarios que pretendan realizar gestiones de lobby e incluye dentro de esa actividad las acciones vinculadas con la elaboración, derogación e implementación de leyes, licitaciones, concesiones o asignación de subsidios o beneficios fiscales. Los reportes deberán presentarse de manera trimestral y publicarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a su presentación.

En sus fundamentos, el Gobierno afirmó que la iniciativa busca consolidar un esquema institucional en el que las decisiones públicas se adopten en función del interés general y bajo reglas previsibles. También señaló que la falta de una regulación sistemática ha generado históricamente espacios de opacidad que afectan la confianza en el funcionamiento del Estado y en la equidad de los procesos decisorios.