El Gobierno evalúa cambios en la Ley de Medios y suma objeciones del periodismo

El presidente Javier Milei impulsa una iniciativa para introducir cambios de fondo en la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sumar nuevas exigencias para periodistas y medios. Entre las alternativas que analiza Casa Rosada se encuentra la incorporación de trabajadores de prensa al régimen de Personas Expuestas Políticamente (PEP), lo que implicaría la presentación periódica de declaraciones juradas patrimoniales.

De acuerdo con lo trascendido, la propuesta fue trabajada junto a funcionarios del Ministerio de Desregulación y asesores jurídicos cercanos, entre ellos la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El tema también fue planteado en una reunión de la mesa política oficialista encabezada por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Uno de los puntos centrales del proyecto es que los periodistas pasen a ser considerados formalmente Personas Expuestas Políticamente, una categoría que hoy alcanza a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Si la iniciativa avanzara, los trabajadores de prensa quedarían sujetos a declaraciones juradas y a controles patrimoniales. Semanas atrás, Milei había cuestionado a periodistas críticos de su gestión y expresó: "A mí me encantaría que ellos mismos presentaran un proyecto para ser personas políticamente expuestas y presenten su patrimonio".

En un primer momento, el Presidente evaluó avanzar mediante una resolución administrativa, pero luego el Gobierno resolvió impulsar un proyecto de ley ante las dificultades jurídicas que implicaba aplicar la medida sin intervención del Congreso. Además del esquema para periodistas, el oficialismo busca modificar aspectos estructurales de la ley aprobada durante el kirchnerismo, con cambios en el sistema de licencias, una reducción de regulaciones sobre contenidos, reformas en los controles del ENACOM y una mayor desregulación del mercado de telecomunicaciones.

La iniciativa provocó rechazo en ámbitos periodísticos de distintos puntos del país, incluido San Juan. La secretaria general de la Asociación de Prensa y Comunicación de San Juan, Myriam Pérez, la calificó como "un acto descabellado" y sostuvo que podría convertirse en una herramienta de presión sobre periodistas y medios. "No habría problema porque a la mayoría de los periodistas en la República Argentina no nos cae una moneda", afirmó.

En la misma línea, el periodista Mario Romero consideró que se trata de "un nuevo ataque del Presidente al periodismo" y advirtió sobre eventuales intentos de condicionar la libertad de expresión. A su vez, el comunicador Javier Tello señaló que la propuesta "es una forma de presión hacia periodistas y medios" y planteó que el Gobierno debería enfocarse en resolver los problemas señalados por la prensa en lugar de mantener una confrontación permanente con el sector.