Reaparecen causas y episodios previos que complican el cuadro en torno a Gustavo Ahumada

La investigación por el caso de Global Market continúa incorporando elementos y ya no se concentra solo en las presuntas maniobras financieras. Con el expediente encaminado al fuero federal, volvieron a quedar bajo análisis antecedentes asociados a Gustavo Omar Ahumada, varios de ellos ligados a una cantera de Valle Fértil con un historial judicial y operativo complejo.

El empresario aparece relacionado con la mina de cuarzo "El Jote", en Usno, donde se registraron distintos episodios por presuntas irregularidades. Uno de los más recientes ocurrió el 27 de diciembre de 2024, cuando el trabajador Esteban Calivar sufrió heridas graves mientras realizaba tareas en el lugar. De acuerdo con la investigación, fue aplastado por una acumulación de piedras y padeció traumatismo de cráneo y otras lesiones que demandaron una recuperación prolongada.

La causa quedó a cargo de la UFI de Delitos Especiales y, durante la pesquisa, surgieron datos que motivaron alertas. Según los informes incorporados al expediente, la cantera había sido suspendida en distintas oportunidades por falta de medidas de seguridad y registraba interrupciones operativas desde septiembre de 2023. Pese a esas restricciones, la actividad presuntamente habría continuado. Esa situación derivó en una imputación contra Ahumada por lesiones culposas y por presuntos incumplimientos de la normativa minera vigente.

Más adelante, el conflicto atravesó una instancia conciliatoria entre las partes y el empresario no recibió condena. Sin embargo, el antecedente más grave vinculado a ese yacimiento ocurrió en 2021, cuando la cantera volvió a ser noticia por la muerte del trabajador Víctor Eugenio Cortez tras una explosión registrada en el predio.

Después de ese hecho, una investigación detectó otro punto la existencia de explosivos que, presuntamente, no contaban con la autorización correspondiente. Durante los procedimientos se secuestraron alrededor de 250 kilos de gelamon, material de alto poder que generó preocupación por las condiciones de almacenamiento. Parte de ese material debió ser destruido en el lugar por el riesgo que implicaba su manipulación.

Ese hallazgo abrió además la posibilidad de intervención federal, dado que la tenencia irregular de explosivos excede la competencia provincial. En paralelo, la causa principal por Global Market también atraviesa una instancia el juez de Garantías Javier Figuerola resolvió apartar a la Justicia provincial y remitir el expediente a la órbita federal.

La fiscalía sostiene que los fondos aportados por inversores podrían haber sido redireccionados hacia estructuras empresariales vinculadas a los acusados bajo una aparente operatoria legal. Además, los investigadores analizan posibles maniobras de lavado de activos, intermediación financiera sin autorización y presunta manipulación de mercado. Hasta la última actualización judicial, el expediente reunía 47 denuncias y un perjuicio económico estimado en casi 2.900 millones de pesos.