Mendoza ajusta su sistema juvenil ante la nueva edad de imputabilidad
La provincia comenzó a coordinar con el Poder Judicial la aplicación del régimen que entrará en vigencia en septiembre. El cambio ampliará el alcance de la Justicia sobre adolescentes y obligará a reorganizar recursos y procedimientos.
A partir de septiembre comenzará a regir en la Argentina la ley que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una modificación que impactará de lleno en el sistema penal juvenil y en la agenda política y judicial del país. En ese marco, Mendoza ya puso en marcha las primeras gestiones para adecuar su estructura.
Este martes se concretó la primera reunión entre funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial con el propósito de ajustar el esquema provincial a la nueva normativa antes de su entrada en vigencia. Desde el Gobierno provincial sostienen que la provincia parte con ventaja frente a otras jurisdicciones, debido a que ya cuenta con un régimen penal juvenil en funcionamiento y con estructuras judiciales específicas para menores.
El subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, señaló que Mendoza tiene "ventaja" para aplicar el nuevo esquema, aunque reconoció que será necesario readecuar procedimientos y reforzar la articulación entre áreas. La reforma no solo baja la edad de imputabilidad, sino que también amplía los delitos que podrán ser abordados por el sistema penal juvenil.
Conductas como amenazas, lesiones, daños o hurtos simples, que hasta ahora quedaban fuera del alcance penal en menores, pasarán a tener intervención judicial. En el sistema advierten que esto implicará más expedientes y una mayor presencia del Estado sobre adolescentes en conflicto con la ley.
La ley establece un plazo de 180 días para su aplicación plena, período en el que las provincias deberán reorganizar recursos, equipos interdisciplinarios, espacios de alojamiento y programas de acompañamiento. En Mendoza, parte de esa estructura ya funciona bajo la órbita de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ) y la Unidad de Medidas Alternativas a la Privación de Libertad (UMA).
El esquema oficial prevé priorizar medidas alternativas al encierro, como seguimiento, tratamientos y restricciones. Aun así, dentro del propio sistema reconocen que el desafío será evitar que la reforma derive en una respuesta exclusivamente punitiva frente a menores de edad.
