El juez Figuerola debe definir si la causa Global Market queda en la Justicia provincial o va al fuero federal
Javier Figuerola resolverá este martes la competencia en la investigación por presuntas maniobras financieras atribuidas a Global Market. La fiscalía afirma que hubo operaciones de alto riesgo con fondos de clientes que buscaban resguardar sus ahorros.
La investigación por las operatorias atribuidas a Global Market entra en una instancia decisiva. Este martes, el juez de Garantías Javier Figuerola deberá resolver si el expediente sigue en la Justicia provincial o si pasa a la órbita federal, como pidió la fiscalía.
La pesquisa se centra en los empresarios Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañadas, a quienes se les atribuye haber utilizado fondos de ahorristas para financiar negocios vinculados con empresas propias y familiares. Según la hipótesis del fiscal Nicolás Alvo, titular de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, esos recursos fueron orientados a inversiones de alto riesgo que habrían provocado pérdidas importantes.
De acuerdo con la investigación, la firma captaba clientes con perfiles conservadores, interesados en preservar su capital mediante instrumentos financieros seguros. Sin embargo, la fiscalía sostiene que el dinero fue derivado a operaciones que no se correspondían con el nivel de riesgo aceptado por los inversores.
Entre las maniobras bajo análisis figuran operaciones bursátiles conocidas como "Pases No Garantizados", realizadas a través de una minera vinculada a los propios investigados. También se examinan compras de cheques electrónicos emitidos por una empresa relacionada con familiares de uno de los empresarios, que fueron rechazados por falta de fondos.
La causa también incluyó a Rosario Valores SA, firma que intervenía en la custodia y liquidación de las operaciones financieras. Para la fiscalía, la operatoria debió haber sido advertida por los organismos y actores que participaron del circuito.
Además, se analizan contratos de mutuo firmados por inversores que, según la acusación, creían contratar con una firma financiera autorizada, cuando en realidad el vínculo era con una empresa minera que no estaba habilitada para captar fondos. En paralelo, avanzan las denuncias de damnificados y los pedidos de medidas cautelares.
