La Corte Suprema quedó en condiciones de resolver la disputa por el financiamiento universitario
El máximo tribunal ya puede intervenir en la controversia entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma sigue suspendida mientras se aguarda una definición sobre el recurso elevado por el Ejecutivo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó este martes habilitada para avanzar en la causa vinculada al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en el marco del conflicto que enfrenta al Gobierno nacional con las universidades públicas.
La controversia comenzó cuando el Ejecutivo objetó la aplicación de la norma, primero tras vetarla parcialmente en 2025 y luego después de que el Congreso insistiera con su sanción. Desde el oficialismo sostienen que la ley no precisa con claridad cuáles son las partidas presupuestarias ni las fuentes de financiamiento para cubrir los fondos que requiere su implementación.
Con el expediente en estado de resolución, la atención está puesta en la reunión de acuerdo del tribunal prevista para este jueves. De acuerdo con la normativa vigente, la Corte no tiene la obligación de pedir opinión al Ministerio Público Fiscal, aunque conserva la facultad de hacerlo.
La ley establece mecanismos de actualización automática de partidas según la inflación y la recomposición salarial para docentes y trabajadores no docentes. También prevé refuerzos para becas estudiantiles, obras de infraestructura y hospitales universitarios.
Sin embargo, su aplicación quedó restringida en la Ley de Presupuesto 2026 y mediante la Decisión Administrativa 20/2026. Frente a esa situación, el Consejo Interuniversitario Nacional presentó una medida cautelar que obtuvo pronunciamientos favorables en primera y segunda instancia.
En respuesta, el Gobierno llevó el caso ante la Corte a través de un recurso extraordinario y advirtió que la ejecución de los artículos 5 y 6 de la ley podría generar un "grave e irreparable perjuicio al Estado". Mientras tanto, las universidades promovieron un incidente de ejecución de sentencia ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para destrabar las transferencias pendientes.
Hasta que el máximo tribunal se pronuncie sobre el recurso, la aplicación de la norma seguirá suspendida y el Ejecutivo no estará obligado a efectuar los desembolsos correspondientes. No hay plazos definidos para una resolución. Fuentes consultadas por TN señalaron que la Corte podría rechazar el recurso sin analizar el fondo, mediante el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Si esa alternativa prospera, quedaría firme la sentencia de Cámara que ordena al Gobierno transferir los fondos previstos para las universidades nacionales.
