El Ejecutivo impulsa la continuidad de Leopoldo Rago Gallo en la Justicia federal sanjuanina

El caso del juez federal sanjuanino Leopoldo Jorge Rago Gallo ingresó formalmente en la agenda del Congreso. El presidente Javier Milei envió el pedido para que el magistrado continúe en funciones durante cinco años más, aun cuando ya superó la edad límite prevista por la Constitución Nacional.

La presentación fue girada al Senado mediante un mensaje oficial firmado por Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Allí, el Poder Ejecutivo solicitó el acuerdo legislativo necesario para habilitar un nuevo nombramiento al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de San Juan.

El trámite se encuadra en el artículo 99 inciso 4 de la Constitución, que establece que los jueces federales mayores de 75 años deben obtener una nueva aprobación del Senado para permanecer en el cargo. El expediente ya fue incorporado a la Cámara alta y deberá atravesar el tratamiento parlamentario correspondiente.

Si obtiene respaldo político, Rago Gallo podrá seguir en el juzgado hasta 2031. Su continuidad no pasa inadvertida en el ámbito judicial sanjuanino, donde su trayectoria estuvo asociada a causas de alto impacto y episodios que generaron amplia repercusión pública.

Entre los antecedentes más recordados figura lo ocurrido en 2013, cuando junto al juez Miguel Ángel Gálvez autorizó el traslado al Hospital Argerich de los represores condenados Antonio Olivera y Gustavo De Marchi. Ambos aprovecharon esa salida médica para escapar, en un episodio que provocó conmoción política y judicial en el país.

Por ese hecho, años después el magistrado fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño. Sin embargo, la acusación quedó archivada luego de que la Comisión de Disciplina concluyera que la responsabilidad correspondía al Servicio Penitenciario.

En tribunales consideran que el pedido del Gobierno nacional tendría una proyección favorable en el Senado. Entre los elementos que alimentan esa lectura aparece la relación institucional y política que Patricia Bullrich mantiene desde hace años con el juez.

Ese vínculo quedó expuesto en otra etapa, cuando Rago Gallo respaldó las políticas nacionales contra el narcotráfico impulsadas durante la gestión de Mauricio Macri. En ese período, Bullrich estaba al frente del Ministerio de Seguridad y, según el propio magistrado, mantenían contacto frecuente por operativos realizados en San Juan.

Antes de llegar al Senado, la continuidad del juez ya había sido publicada oficialmente dentro del procedimiento previsto por el Ministerio de Justicia para este tipo de designaciones. La normativa habilita una instancia de participación ciudadana para que organizaciones civiles, colegios profesionales y entidades vinculadas a derechos humanos presenten apoyos, objeciones u observaciones.

Con el expediente ya en manos de la Cámara alta, el futuro de Rago Gallo dependerá del debate legislativo y del respaldo que consiga el oficialismo para sostener a uno de los jueces federales más conocidos de San Juan.