Los acusados de Branka Motors volvieron a prisión y Fiscalía descartó nuevos acuerdos
La revocación del convenio de reparación integral se produjo después de que no se abonara la primera cuota comprometida. Desde Fiscalía anticiparon que no habilitarán nuevas propuestas y que la investigación seguirá en curso.
Los imputados en la causa de Branka Motors retornaron a prisión preventiva luego de que la Justicia dejara sin efecto el acuerdo de reparación integral firmado en abril. La medida se adoptó tras constatarse el incumplimiento del pago comprometido a los damnificados.
La confirmación fue realizada por el fiscal Guillermo Heredia, quien indicó que la audiencia se llevó a cabo el viernes por la tarde a pedido del Ministerio Público Fiscal. Según explicó, la Oficina de Medidas Alternativas informó que los acusados no habían abonado la primera cuota prevista en el acuerdo homologado por la jueza de Garantías el pasado 13 de abril.
Heredia señaló que, además del incumplimiento económico, se advirtió una "conducta reticente" y una falta de voluntad concreta para reparar el daño. "Se observó una voluntad expresa y manifiesta de no dar cumplimiento a la propuesta realizada", afirmó durante una entrevista radial. Con ese planteo, la Fiscalía pidió la revocación del acuerdo y el regreso de los imputados al Servicio Penitenciario Provincial bajo prisión preventiva.
La jueza hizo lugar al pedido y dispuso una nueva detención por el plazo de cinco meses mientras avanza la investigación. En paralelo, Heredia sostuvo que desde la Unidad Fiscal no aceptarán nuevas propuestas de reparación integral. "No va a haber ninguna nueva posibilidad de acuerdo", remarcó, al señalar que no hubo pedido de prórroga ni documentación que acreditara intención de cumplir con lo pactado.
El fiscal también precisó que la causa seguirá en etapa de instrucción y que se continuará reuniendo evidencia para determinar la participación criminal de los imputados en la presunta maniobra de defraudación. Recordó además que el expediente contempla 356 hechos investigados, lo que podría modificar la escala penal prevista para el delito de defraudación por engaño.
Por último, Heredia confirmó que los bienes ofrecidos como garantía ya fueron embargados preventivamente, aunque la jueza rechazó por ahora el pedido de ejecución de esos inmuebles. También aclaró que el resarcimiento económico a los damnificados excede el marco actual del proceso penal y quedará sujeto a otras instancias judiciales.
