El nuevo régimen laboral reduce cargas patronales, pero deja dudas sobre su aplicación

La reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) activa uno de los componentes centrales de la reforma laboral promovida por el Gobierno nacional. El objetivo es disminuir el costo de contratación para impulsar la creación de empleo registrado, aunque su resultado dependerá en gran medida de la aplicación concreta de la norma.

El cambio más relevante se observa en las cargas patronales: las contribuciones, que históricamente se ubicaron entre el 18% y el 20%, pasarán a un esquema cercano al 5% durante los primeros cuatro años de una nueva contratación. Para las PyMEs, esto implica una baja significativa en el costo laboral y, en teoría, una mayor capacidad de incorporación de personal.

Según explicó el abogado laboralista Daniel Persichella en diálogo con Telesol, "El objetivo es claramente promotor: abaratar la contratación para generar empleo". Bajo esa premisa, el Gobierno intenta enfrentar uno de los problemas estructurales del mercado argentino: la alta informalidad, que mantiene a millones de trabajadores en condiciones precarias o bajo esquemas encubiertos como el monotributo.

El punto más sensible, no obstante, está en los controles. La normativa exige que los beneficiarios hayan estado fuera del sistema formal o desempleados, y prohíbe reemplazar personal existente para acceder al régimen. Si esa condición se vulnera, el beneficio se pierde y se aplican sanciones. La duda central es si el Estado contará con capacidad suficiente para fiscalizar ese cumplimiento.

Persichella advirtió sobre ese riesgo al señalar que "El desafío es evitar que se use mal el sistema, por ejemplo, despidiendo a alguien con aportes completos para reemplazarlo por otro más barato". En ese escenario, la medida podría terminar abaratando puestos ya existentes en lugar de generar nuevos empleos.

El RIFL también apunta a regular situaciones frecuentes en el mercado laboral argentino, como el uso del monotributo para encubrir relaciones de dependencia. De ese modo, podría convertirse en una vía de formalización para trabajadores que hoy permanecen en una zona gris. Aun así, la efectividad volverá a depender de los mecanismos de control.

Otro aspecto central es que la reducción no impacta en el salario del trabajador. El beneficio recae sobre la carga patronal y no sobre los aportes personales, por lo que el empleado no percibe una mejora directa en sus ingresos, aunque tampoco debería ver afectados sus derechos. El equilibrio entre competitividad empresaria y condiciones laborales aparece como uno de los puntos más delicados del esquema.

En paralelo, el régimen incorpora herramientas como el fondo de cese laboral y establece límites, entre ellos un tope del 80% de la nómina bajo esta modalidad, con el fin de evitar desvíos. La implementación, sin embargo, será determinante para medir el alcance real de la iniciativa.

El programa tendrá vigencia inicial por un año, hasta abril de 2027, y funcionará también como una prueba política y económica. Si logra expandir el empleo registrado, podrá consolidarse como una pieza relevante de la reforma; si no, quedará como otro intento sin resultados sostenidos.

Por el momento, predomina una expectativa moderada. Existe consenso en que una baja del costo laboral puede favorecer nuevas contrataciones, pero también cautela frente a posibles distorsiones. La formalización laboral se presenta así como una herramienta de alivio para las empresas y una posible puerta de ingreso al empleo formal, aunque con interrogantes todavía abiertos sobre su efecto final.