Frenan la homologación de los acuerdos por los DNI falsos y el expediente vuelve a audiencia

La investigación por los DNI truchos sumó un nuevo obstáculo judicial luego de que no avanzaran los juicios abreviados que estaban en condiciones de ser homologados. El eje del desacuerdo fue la inclusión de una compensación económica para las víctimas.

Durante la audiencia, el fiscal federal Fernando Alcaraz sostuvo que cualquier entendimiento debía contemplar una reparación para los damnificados, cuyas identidades habrían sido utilizadas para tramitar créditos y efectuar compras fraudulentas. Según la acusación, esas maniobras generaron deudas por 156 millones de pesos.

El planteo fue rechazado por las defensas de los imputados, lo que impidió cerrar un acuerdo integral. Frente a esa falta de consenso, el juez de revisión Juan Ignacio Pérez Curci resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el 7 de mayo, con el objetivo de que las partes intenten acercar posiciones.

Antes de esta instancia, varios acusados ya habían admitido su responsabilidad y pactado penas. Entre ellos figura Natalia Castillo, exencargada del Registro Civil de Pocito, quien aceptó una condena de 4 años y 8 meses de prisión. También Marcelo Cardozo y Matías Martínez Villalba habían acordado 3 años y 10 meses de prisión domiciliaria, mientras que Marcos Vallejo aceptó una pena de 3 años en suspenso.

La pesquisa describe una estructura organizada dedicada a la falsificación de documentos para cometer estafas. En ese entramado, la fiscalía ubica como presunto líder a Rolando "Narigón" Navarro Saide, para quien pidió 8 años de prisión, y a Rodrigo Navarro Pozo, para quien solicitó 6 años. Según la acusación, Castillo cumplía un rol central como nexo dentro del Registro Civil, mientras otros integrantes se ocupaban de la logística, la ejecución de las maniobras y el aporte de datos biométricos.