La Justicia analiza citar a indagatoria al titular de ARCA por bienes no declarados en el exterior
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas pidió avanzar contra Andrés Vázquez por presuntas omisiones en sus declaraciones juradas. El expediente, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, centra la atención en inmuebles en Estados Unidos y en movimientos patrimoniales bajo revisión.
La situación judicial de Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), incorporó un nuevo avance tras el pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para que sea citado a indagatoria. La presentación fue impulsada por el fiscal Sergio Rodríguez, quien lo señaló por presuntas maniobras vinculadas con la omisión de bienes en sus declaraciones juradas. La definición quedó ahora en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
El eje de la investigación está puesto en al menos tres inmuebles en Estados Unidos, valuados en más de 2,1 millones de dólares. Se trata de dos unidades en el complejo Icon Brickell, en Miami, adquiridas en 2013, y de una propiedad en Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, comprada en 2015. Según la reconstrucción judicial, esas operaciones se realizaron a través de sociedades radicadas en Panamá —Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp.— y luego fueron integradas a Galanthus Capital Limited, registrada en Islas Vírgenes Británicas.
En ese entramado, Vázquez figura como beneficiario final y fue identificado como Persona Políticamente Expuesta. El dictamen fiscal también advierte una posible desproporción patrimonial: mientras declaró activos líquidos por unos 40.000 dólares en 2012 y 44.000 en 2013, en ese período se registraron operaciones inmobiliarias por más de 1,1 millón de dólares y otra cercana al millón en 2015. Para la PIA, esos datos refuerzan la hipótesis de enriquecimiento ilícito.
En paralelo, la fiscalía pidió ampliar la pesquisa hacia eventuales delitos de evasión tributaria y lavado de activos. La causa incluye pedidos de cooperación internacional con exhortos a Bank of America, PNC Bank y Wells Fargo, además de un requerimiento de información a la Embajada de Estados Unidos sobre los movimientos migratorios del funcionario y de su familia. El expediente se originó a partir de una denuncia de diputados de la Coalición Cívica.
