Frenan la reforma de la ley de Glaciares en Santa Cruz

Un fallo de alto impacto volvió a tensar la agenda ambiental y productiva en la Argentina. Horas después de que entrara en vigencia la adecuación de la Ley 26.639 con su publicación en el Boletín Oficial, la Justicia Federal de Río Gallegos ordenó suspender su aplicación en la provincia de Santa Cruz y dispuso un freno inmediato a cualquier intento de habilitar actividades en zonas glaciares y periglaciares.

La medida fue dictada por el juez federal Claudio Marcelo Vázquez, quien hizo lugar a una acción de amparo ambiental y resolvió una medida cautelar con efectos inmediatos. En su fallo, el magistrado dispuso la suspensión de los efectos de la reforma de la Ley 26.639 en el ámbito de la provincia, hasta tanto se dicte una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo.

El núcleo de la resolución establece que el Estado Nacional deberá abstenerse de autorizar y/o ejecutar actividades que puedan afectar glaciares y el ambiente periglacial, lo que en los hechos implica congelar cualquier avance administrativo o productivo que pudiera encuadrarse dentro de la normativa cuestionada.

El amparo fue una demanda colectiva promovida por el Concejo Deliberante de El Calafate, representado por su presidenta Celia Barría; la Municipalidad de El Calafate, representada por su intendente Javier Belloni; el diputado provincial Carlos Alegría; y la diputada nacional por Santa Cruz Ana María Ianni, todos con el patrocinio letrado de los abogados Juan Manuel Solari y Martín Fernández Swirkowicz.

En su presentación, los dirigentes peronistas reclamaron que se declare la inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta de la reforma aprobada por el Congreso. Sin embargo, mientras se resuelve la cuestión de fondo, pidieron una medida cautelar de no innovar para suspender sus efectos hasta el dictado de sentencia definitiva.