La Provincia cerró con los docentes una suba del 40% y reavivó el debate fiscal
El acuerdo alcanzado por el Gobierno de Córdoba con la UEPC se aparta de las previsiones oficiales y se convierte en referencia para el resto de los estatales. En los municipios, la discusión ya genera preocupación por el impacto que puede tener sobre las cuentas locales.
Martín Llaryora definió un incremento salarial del 40% para los docentes, en un esquema de subas mensuales atadas al IPC y con revisión prevista para octubre. La decisión quedó por encima de las proyecciones incluidas en el Presupuesto provincial, alineadas con los supuestos nacionales de Javier Milei y Luis Caputo.
El entendimiento con la UEPC se produjo en medio de un conflicto que el Gobierno cordobés buscó desactivar y, al mismo tiempo, dejó expuesta una brecha con las estimaciones oficiales sobre inflación y actividad económica. Según el texto original, el Presupuesto calculaba una inflación apenas superior al 10% y un crecimiento del 6%, variables que no se están verificando.
En la práctica, el acuerdo docente vuelve a funcionar como referencia para el resto de los estatales. Desde el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), Sergio Castro anticipó que intentarán replicar el esquema con un piso del 40%, lo que alcanzaría a administración central, fuerzas de seguridad, salud y jubilados.
El impacto fiscal adicional se estima en $1,25 billón durante el año. Aunque el Gobierno provincial logró encauzar la negociación con los docentes, la señal encendió alertas entre los intendentes, que advierten por el efecto que un reclamo similar puede tener en las finanzas municipales.
Un intendente peronista, citado en la nota original, señaló que la caída de la coparticipación complica la situación local desde hace ocho meses. En ese contexto, la recaudación provincial muestra debilidad y en el Gobierno comienzan a observar los fondos obtenidos en los mercados internacionales, una alternativa que los municipios no tienen disponible.
