El Ejecutivo impulsa en el Senado cambios profundos al régimen de discapacidad
La iniciativa oficial propone un reempadronamiento obligatorio, nuevos controles y la pérdida automática del beneficio ante incumplimientos. También modifica el esquema de prestaciones, financiamiento y actualización de montos.
El gobierno nacional remitió al Congreso de la Nación un proyecto para reformar de manera sustancial la Ley de Emergencia en Discapacidad, norma que, según la presentación, no viene siendo aplicada pese a los fallos judiciales en ese sentido. La propuesta ingresó en el Senado en un contexto de tensión política y bajo el título "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez".
El texto plantea la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la ley 27.793 y establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez. Quienes deban cumplirlo tendrán que acreditar nuevamente su condición médica, su situación socioeconómica y sus antecedentes laborales; de no hacerlo, la pensión será suspendida y luego dada de baja.
La iniciativa también prevé un esquema de fiscalización con cruces de información entre ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos. Ante inconsistencias o incompatibilidades en los pedidos, habilita la suspensión preventiva del beneficio, con derecho a defensa y proceso para los alcanzados por esa medida.
En materia de haberes, el proyecto fija la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio y elimina la facultad del Ejecutivo de otorgar aumentos por invalidez laboral o por zona geográfica desfavorable. Además, establece la incompatibilidad absoluta con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales, y suprime beneficios vinculados a programas de inclusión y reconocimiento de empresas que contraten personas con discapacidad.
La propuesta también introduce cambios en el financiamiento y la organización del sistema. Autoriza convenios entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para administrar y distribuir fondos, elimina virtualmente el nomenclador y desregula la negociación por obra social o prepaga.
Otro de los puntos centrales es la actualización de las prestaciones y pensiones. El proyecto ata las pensiones a la evolución del haber mínimo jubilatorio y establece ajustes trimestrales para los aranceles, o por IPC en caso de demoras, además de incorporar una compensación de emergencia vinculada también al índice de precios para los prestadores.
El ingreso por el Senado responde, según la estrategia oficial, a la búsqueda de una conformación de mayorías más favorable que en Diputados. En ese marco, el debate abre un escenario de tensión con bloques que el año pasado acompañaron la emergencia en discapacidad.
