Santiago Azulay defendió el fallo contra el proyecto Vicuña y advirtió sobre posibles demandas laborales colectivas

El secretario de Medio Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, en declaraciones a Zonda Diario, respaldó la medida judicial que suspende las actividades del proyecto minero "Vicuña" (que integra a Josemaría y Filo del Sol) en territorio riojano. La decisión, dictada por una jueza provincial, prohíbe el uso y tránsito por la ruta que conecta Guandacol con diversas zonas de la cordillera hasta tanto la empresa presente la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) correspondiente a la jurisdicción de La Rioja.

El ambiente no reconoce límites políticos
Azulay fue enfático al explicar que el planteo no es una postura contra la actividad minera, sino una defensa del ambiente de los riojanos. El funcionario argumentó que, aunque el emplazamiento principal del proyecto esté en San Juan, se encuentra a escasos 700 metros del límite provincial, lo que genera impactos directos en los recursos naturales de La Rioja.
"Sería infantil pensar que los impactos no se van a extender al territorio riojano", señaló Azulay, comparando la situación con la onda de expansión que genera una piedra al caer en un espejo de agua. Entre los riesgos identificados se encuentran la afectación de glaciares, la biodiversidad y cuencas hídricas compartidas que alimentan ríos como el Blanco y el Salado, además del tránsito pesado por la Reserva Provincial Laguna Brava, donde el camino recorre unos 60 kilómetros de área protegida.

Advertencia por conflicto laboral
Uno de los puntos más tensos de las declaraciones de Azulay tuvo que ver con la situación de los trabajadores contratados del lado riojano. El secretario denunció posibles maniobras de presión por parte de la empresa o subcontratistas hacia los empleados de localidades como Guandacol.
En este sentido, Azulay lanzó una advertencia directa: si la empresa Vicuña no cumple con el pago de los salarios de los trabajadores riojanos, la provincia intervendrá a través de la Secretaría de Trabajo para iniciar una demanda laboral colectiva. "Espero que la empresa no quiera tener un conflicto laboral y demandas colectivas de trabajo por esta situación; la actividad principal de la empresa es la minera, no la judicial", sentenció.

Legalidad del fallo y pasos a seguir
Ante las críticas sobre la competencia de una jueza riojana para intervenir en un proyecto con base en San Juan, Azulay defendió la constitucionalidad y legitimidad de la medida, señalando que la jueza es competente por ser el territorio que recibe los impactos ambientales.
Finalmente, el secretario aclaró que la medida no busca un bloqueo total, ya que se permite el ingreso mínimo para tareas de mantenimiento, seguridad y salud. La solución institucional definitiva, según Azulay, depende de que la empresa presente el estudio de impacto ambiental para que el Estado riojano pueda evaluarlo y habilitar nuevamente el uso del camino.