El Gobierno recurrió al per saltum para que la Corte revise la reforma laboral: qué es y cuáles son sus antecedentes
La administración nacional acudió a una vía excepcional para que el máximo tribunal intervenga de manera directa en la disputa por la suspensión de artículos de la nueva ley laboral. La presentación busca revertir la cautelar dictada en primera instancia y acelerar una definición judicial.
El Gobierno nacional presentó este jueves un recurso de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia con el propósito de dejar sin efecto la suspensión judicial de 83 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. La presentación fue impulsada por la Procuración del Tesoro, que solicitó la intervención directa del máximo tribunal sin esperar la resolución de una instancia superior.
El per saltum es una vía excepcional que habilita que un expediente llegue de manera directa a la Corte, sin atravesar el recorrido habitual por tribunales de apelación. En Argentina, este mecanismo se reserva para casos de gravedad institucional, cuando se considera que la demora judicial puede generar efectos irreparables o comprometer el funcionamiento de los poderes del Estado.
En este caso, la Procuración del Tesoro sostuvo que la decisión del Juzgado Nacional del Trabajo N°63, que suspendió artículos de la reforma laboral a pedido de la CGT, genera incertidumbre jurídica y afecta una ley sancionada por el Congreso. También planteó que permitir que un juez de primera instancia frene una norma de alcance nacional compromete el principio de división de poderes y puede sentar un precedente para futuras leyes.
Entre los antecedentes citados, figura el caso de la Ley de Medios y Grupo Clarín en 2012, cuando el Estado pidió la intervención directa de la Corte, aunque el planteo fue rechazado por unanimidad el 27 de diciembre de 2012. Otro antecedente se registró en 2020, cuando los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli recurrieron a esta herramienta y la Corte declaró admisible el recurso.
Ahora será la Corte Suprema la que deberá resolver si acepta tratar la presentación. En caso de hacerlo, analizará si corresponde suspender la cautelar vigente y restituir provisoriamente la aplicación de la reforma laboral mientras se define el fondo del conflicto.