La muerte de una abogada en Santiago del Estero reaviva cuestionamientos por la protección estatal
El fallecimiento de Shadya Altamirano, de 29 años, generó impacto en Santiago del Estero y volvió a poner en discusión la respuesta institucional frente a la violencia digital. La familia cuestiona la asistencia brindada tras la denuncia presentada contra su expareja.
La muerte de Shadya Altamirano, una abogada de 29 años, provocó conmoción en Santiago del Estero y reabrió las críticas sobre la respuesta estatal en casos de violencia de género y exposición digital. La joven fue encontrada sin vida el 11 de abril en Pinto, semanas después de haber denunciado a su expareja por amenazas y por la difusión no consentida de fotos y videos íntimos.
De acuerdo con su familia, la situación derivó en un cuadro de angustia agravado por el acoso y la humillación pública. La presentación judicial había sido realizada el 1 de marzo en la Comisaría Comunitaria N° 15. Según el Ministerio Público Fiscal, tras la denuncia se le ofrecieron medidas de protección, entre ellas un botón antipánico que la joven no aceptó, y se dispusieron restricciones contra el acusado, un hombre de 43 años.
La familia sostiene que la asistencia fue insuficiente. María Verónica Rodríguez afirmó que su hija no recibió contención psicológica ni un acompañamiento efectivo luego de la denuncia, y señaló la falta de respuestas frente al deterioro emocional que atravesaba. En su declaración, la joven había relatado una relación de nueve años marcada por violencia psicológica, física y sexual.
Tras la ruptura, ocurrida a fines de febrero, se produjo la viralización del material íntimo, un episodio que, según su entorno, profundizó la crisis. También generó controversia el presunto vínculo familiar del acusado con María Emilia Ganem, circunstancia que la familia considera asociada a una percepción de impunidad. Ese punto quedó incorporado a los cuestionamientos en torno al caso.
Después del fallecimiento, la Justicia ordenó una autopsia y el secuestro del teléfono celular de la víctima, mientras avanza la investigación para establecer las circunstancias del hecho. El caso volvió a instalar el debate sobre la eficacia de los mecanismos de protección cuando la violencia se traslada al terreno digital.
