Nación autorizó adelantos por $400.000 millones para doce provincias
El Gobierno puso en marcha un mecanismo de asistencia financiera para jurisdicciones con tensiones de caja. La herramienta prevé anticipos de coparticipación y devolución dentro del mismo ejercicio fiscal.
Mediante el decreto 219/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional formalizó un esquema de asistencia financiera para doce provincias, con el propósito de aliviar sus cuentas y sostener el diálogo político con los mandatarios provinciales. La medida lleva la firma del presidente Javier Milei y habilita adelantos de coparticipación por hasta $400.000 millones.
La operatoria establece que los fondos deberán ser reintegrados dentro del mismo ejercicio fiscal en que se otorguen. La Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación Argentina, será la encargada de definir la distribución de los recursos según la situación financiera de cada distrito y su participación en la recaudación nacional.
Las provincias alcanzadas por la disposición son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. La devolución se hará mediante descuentos automáticos sobre los fondos de coparticipación y con una tasa de interés nominal anual del 15%.
Además, la cartera económica podrá acordar con cada jurisdicción los plazos, desembolsos y modalidad de reintegro. Para acceder a los anticipos, las provincias deberán autorizar al Estado nacional a practicar las retenciones necesarias hasta cancelar la deuda, incluidos los intereses, y comprometer su participación en el régimen de distribución de recursos de la Ley 23.548 u otros fondos coparticipables.
Desde el Ejecutivo indicaron que la implementación de esta herramienta demandó negociaciones en dos planos: el político, coordinado por el Ministerio del Interior de la Nación Argentina, y el económico, a cargo del Ministerio de Economía. Según señalaron, el esquema apunta a ordenar la asistencia financiera y a limitar los pedidos reiterados de adelantos por parte de las provincias.