El oficialismo analiza adelantar la elección presidencial a mayo de 2027
En la cúpula del Gobierno se estudia un eventual cambio de fecha para los comicios presidenciales, en medio de la incertidumbre económica y política. La discusión convive con obstáculos legales y con movimientos en torno a la reforma electoral.
El gobierno de Javier Milei analiza la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales a mayo de 2027. La discusión está atada al escenario económico y todavía no hay una definición cerrada en el máximo nivel.
Entre los sectores que respaldan mantener la fecha de octubre, sostienen que para entonces la economía ya habría dejado atrás el ajuste y comenzaría a mostrar empleo y consumo. En cambio, quienes impulsan el adelantamiento creen que el año próximo podría crecer la desconfianza del mercado ante una eventual no reelección de Milei, con impacto directo en el riesgo país y en la capacidad de financiamiento del equipo económico, algo que ya quedó reflejado en la licitación de deuda de este lunes.
La Argentina deberá afrontar en 2027 pagos de deuda externa por USD 28.000 millones, y en ese marco algunos funcionarios consideran que despejar cuanto antes la incógnita electoral ayudaría a comprimir el riesgo país y a volver a los mercados voluntarios de deuda. A eso se suma un cálculo político: anticipar y eliminar las PASO reduciría las chances de que el peronismo ordene su oferta y presente un candidato competitivo.
El primer dirigente en plantearlo públicamente fue el senador peronista Sergio Uñac, quien envió una carta al PJ para advertir sobre ese escenario. "El impacto y las consecuencias negativas de las políticas de ajuste se profundizan y el Ejecutivo pretende impulsar la modificación del sistema electoral", sostuvo el sanjuanino, y agregó que "debido a la aceleración del descontento social, es posible que se busque adelantar la fecha de los comicios para el primer semestre del 2027".
Esa hipótesis fue confirmada a LPO como un debate abierto por dos funcionarios del gobierno nacional y un gobernador dialoguista con llegada a la Casa Rosada. "Hay intendentes del Conurbano que ya están trabajando con esa posibilidad en mente", señaló además un legislador libertario.
En el propio oficialismo, sin embargo, la idea genera reparos. "Adelante elecciones es de looser, lo hizo Alfonsín y así le fue", dijo uno de los dirigentes con mayor experiencia política dentro del espacio.
El problema no es solo político. El artículo 95 de la Constitución Nacional, luego de la reforma de 1994, establece que las elecciones presidenciales deben celebrarse dentro de los 60 días previos al fin del mandato. "Para adelantarlas a mayo habría que cambiar la Constitución", explicó a LPO un ex funcionario de la Dirección Nacional Electoral. Sin una reforma constitucional, el máximo margen sería llevarlas al 10 de octubre de 2027.
En una provincia que alterna entre la conciliación y la tensión con el gobierno libertario, admitieron que el oficialismo ya blanqueó su intención de mover la elección a mayo. "Nosotros teníamos prevista nuestra elección provincial en junio pero la tendríamos que llevar a octubre, porque si la primera vuelta nacional fuera en mayo, el balotaje podría caer en junio", precisaron. En ese contexto, el gobernador Martín Llaryora también revisó sus planes y en su entorno evalúan que podría convenir ubicar la elección en septiembre.
Mientras tanto, los libertarios avanzan con la parte del esquema que sí puede resolverse sin reforma constitucional. Diego Santilli y Patricia Bullrich organizaron una reunión con legisladores y jueces electorales para discutir la eliminación de las PASO y la implementación de la boleta única en la presidencial. En ese encuentro no se habló del adelantamiento de la fecha, aunque sí de las dificultades que plantea la reforma.
"La boleta única junto a la eliminación de las PASO puede generar una terrible dispersión del voto: hay 37 partidos en condiciones de competir para la categoría presidencial", advirtió un diputado que participó de la reunión. En ese escenario, la boleta única también abre la puerta a candidaturas con menos estructura nacional, como la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuyo desempeño electoral aparece hoy como una incógnita.