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Alerta por cobertura sanitaria

Crece la preocupación por fallas en Incluir Salud y reclaman regularizar pagos

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina advirtió sobre el impacto de los atrasos en los pagos a prestadores del Programa Federal Incluir Salud. La situación compromete tratamientos, medicamentos, insumos y transporte para personas con discapacidad y titulares de pensiones no contributivas.

Crece la preocupación por fallas en Incluir Salud y reclaman regularizar pagos

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), con participación de la Defensoría del Pueblo de San Juan, difundió un pronunciamiento institucional ante la situación que atraviesa el Programa Federal Incluir Salud, bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud de la Nación.

Según el planteo de las Defensorías del país, se registra un incremento sostenido de reclamos de personas que no logran acceder a servicios esenciales de salud, rehabilitación, medicamentos, insumos y transporte para tratamientos, como consecuencia de los atrasos en los pagos a los prestadores. En algunos casos, las prestaciones ya fueron suspendidas.

ADPRA señaló que Incluir Salud es el principal mecanismo de cobertura médica para titulares de pensiones no contributivas, en especial para personas con discapacidad que no cuentan con obra social, por lo que su interrupción o deterioro impacta de manera directa en un sector de alta vulnerabilidad.

En ese marco, la entidad pidió a las autoridades nacionales que regularicen con carácter urgente los pagos adeudados en todo el territorio, garanticen la continuidad de los tratamientos y la provisión de medicamentos e insumos, mejoren la comunicación con beneficiarios y prestadores, y fortalezcan la articulación entre el Estado nacional y las provincias para el funcionamiento del programa.

La Dra. Florencia Peñaloza, vicepresidenta de ADPRA, sostuvo: "Desde la Defensoría del Pueblo de San Juan acompañamos este pronunciamiento porque estamos recibiendo reclamos concretos de personas que no pueden acceder a sus tratamientos. El Estado tiene la obligación de garantizar la continuidad de estas prestaciones, especialmente para quienes más las necesitan".

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