Crece la polémica: advierten que los caños del Acueducto Gran Tulum podrían ser tóxicos
Un estudio técnico concluyó que los materiales instalados no corresponderían a redes de agua potable. La investigación judicial sigue avanzando y suma nuevas pruebas sobre la obra.
La investigación sobre el Acueducto Gran Tulum incorporó un dato central: un informe técnico concluyó que las cañerías instaladas en la obra no serían aptas para transportar agua potable y, además, podrían implicar un riesgo para la salud.
El estudio fue impulsado por OSSE y elaborado por una consultora privada con certificación de Bureau Veritas. Según las conclusiones preliminares, los conductos provistos por la firma KRAH estarían diseñados para sistemas cloacales y de drenaje, y no para consumo humano.
La causa judicial se abrió a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, basada en publicaciones periodísticas. Desde entonces, la pesquisa amplió su alcance y analiza tanto la ejecución de la obra como la calidad de los materiales utilizados.
En paralelo, las inspecciones en el terreno permitieron detectar distintos niveles de avance: en algunos sectores las tuberías ya fueron enterradas, mientras que en otros todavía no se colocaron. Por ahora, los fiscales continúan reuniendo información y no descartan avanzar con nuevos peritajes si lo consideran necesario.
La investigación está a cargo de los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez, quienes ya analizan documentación aportada por la empresa estatal. Además, realizaron una inspección ocular en el tramo que une el dique Punta Negra con la planta de Marquesado, con el objetivo de determinar si la obra se ejecutó conforme a los planos.
En OSSE también se habían iniciado revisiones internas antes de que el caso tomara estado público. Se conformaron equipos para revisar la documentación y los aspectos técnicos del proyecto, en medio de dudas sobre la idoneidad de los materiales. En ese proceso, incluso se produjeron desvinculaciones de personal jerárquico.
Tras conocerse las conclusiones preliminares, el organismo decidió pedir una nueva evaluación al INTI. Si ese informe ratifica los resultados, el escenario sería delicado: las cañerías deberían ser retiradas y la obra quedaría frenada, en un contexto en el que no habría recursos para reemplazarlas, pese a que sigue vigente el préstamo de 100 millones de dólares destinado al proyecto.
