Gremios docentes provinciales presentaron un Recurso Jerárquico
La presentación tiene por objetivo la nulidad absoluta de las resoluciones que buscan imponer un "servicio mínimo" del 75% durante las medidas de fuerza.
Los gremios docentes de la provincia de San Juan, UDAP, UDA y AMET, presentaron un Recurso Jerárquico ante la Subsecretaría de Trabajo provincial con el objetivo de lograr la nulidad absoluta de las resoluciones que buscan imponer un "servicio mínimo" del 75% durante las medidas de fuerza.
La presentación se realizó de manera conjunta y expresa un fuerte rechazo a la medida oficial, que los sindicatos califican como arbitraria y violatoria de derechos fundamentales. Según sostienen, la decisión constituye un grave avance sobre la libertad sindical y el derecho de huelga.
Entre los principales argumentos, los gremios denuncian la ilegitimidad de la Subsecretaría de Trabajo para dictar este tipo de resoluciones. Afirman que el organismo provincial se ha arrogado facultades que corresponden al ámbito nacional, ya que la regulación de servicios mínimos debe ser establecida por una Comisión de Garantías independiente y no mediante una decisión unilateral del gobierno.
Asimismo, remarcan una violación del debido procedimiento, al señalar que no se respetaron instancias obligatorias de negociación ni se promovió el diálogo entre las partes antes de imponer la medida. En este sentido, consideran que se trató de una resolución inconsulta y carente de legitimidad.
En relación al derecho de huelga, los sindicatos argumentan que calificar a la educación como un "servicio esencial" para restringir las medidas de fuerza resulta inconstitucional y contradictorio con los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Subrayan que la actividad docente, si bien es fundamental, no pone en riesgo la vida ni la salud de la población, condición necesaria para limitar ese derecho.
En conclusión, las organizaciones gremiales sostienen que el accionar del Subsecretario de Trabajo constituye una desviación de poder que vulnera principios de ética pública y derechos constitucionales básicos de los trabajadores de la educación, por lo que exigen la inmediata revisión y anulación de las resoluciones cuestionadas.
