San Juan se planta ante el ENRE: El EPRE defiende el patrimonio eléctrico y el futuro de los sanjuaninos

En una contundente defensa de la soberanía energética y el interés público, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E. San Juan) ha formalizado una oposición fundada ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) contra la resolución que pretende otorgar una prioridad de uso casi absoluta sobre el corredor eléctrico Nueva San Juan–Rodeo a la empresa Vicuña Argentina S.A. para su proyecto minero Josemaría.

Esta reacción institucional marca un paso en la protección de los usuarios de San Juan. El E.P.R.E. exige la convocatoria a una Audiencia Pública antes de que se otorgue cualquier certificado de conveniencia y necesidad pública, entendiendo que la integración de grandes proyectos privados no debe realizarse a espaldas de la provincia ni comprometer el suministro de los actuales usuarios.

Una infraestructura pagada por los sanjuaninos
El cuestionamiento central radica en que la infraestructura en disputa no cayó del cielo ni fue una inversión exclusivamente nacional. La Línea de Extra Alta Tensión (LEAT) 500 kV San Juan – Rodeo fue construida con un aporte del 50% proveniente de los bolsillos de los sanjuaninos a través de los fondos PIEDE (Ley N° 863-A) y el Fondo Línea 500 kV (Ley N° 789-A), canalizados mediante las facturas del servicio eléctrico. El otro 50% fue aportado por el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF).

Resulta, por tanto, inadmisible que un corredor financiado por el esfuerzo de toda una provincia sea entregado de forma monopólica a un actor privado. Según los documentos presentados, Vicuña Argentina S.A. ha solicitado la prioridad de uso del 90% de la capacidad de transporte remanente, lo que representaría un 71% de la capacidad total de la línea.

El riesgo del monopolio privado sobre el desarrollo público
El E.P.R.E. ha calificado esta pretensión como un "ejercicio abusivo del derecho de acceso", que desnaturaliza la función social del sistema de transporte. Otorgar tal exclusividad por 25 años pondría en serio riesgo el crecimiento de la zona de influencia y de toda la provincia. Las proyecciones técnicas indican que la demanda eléctrica de San Juan crecerá cerca de un 40% hacia el año 2030.

Si se entrega el corredor a una sola empresa, la capacidad de transporte necesaria para acompañar este crecimiento estructural de la demanda provincial quedaría indebidamente restringida. En términos claros: el desarrollo de San Juan quedaría subordinado al interés de un privado, limitando la posibilidad de inyectar energías renovables o abastecer nuevos emprendimientos industriales en el norte sanjuanino.

Justicia tarifaria y derechos financieros
La postura del organismo regulador provincial es firme: "Ninguna alternativa operativa para proyectos privados debe implicar incrementos en las facturas de los usuarios de San Juan". El E.P.R.E. sostiene que Vicuña Argentina debe ser identificada como "Beneficiario No Iniciador" de la ampliación y, en consecuencia, debe pagar por los derechos financieros a los iniciadores originales de la obra: la Provincia de San Juan y el FFTEF.

Con este pedido de Audiencia Pública, San Juan busca que el crecimiento económico sea sostenible, seguro y equitativo. La provincia no se opone al desarrollo minero, pero exige que este se realice mediante una planificación técnica rigurosa que respete las leyes vigentes y, sobre todo, que no ponga en riesgo la seguridad del sistema eléctrico que los sanjuaninos construyeron con su propio esfuerzo. El mensaje es claro: la infraestructura estratégica de la provincia no es un cheque en blanco para el sector privado.