Acuerdo de Escazú: el blindaje ambiental que desafía la reforma de la Ley de Glaciares en Diputados
La intención del Gobierno de flexibilizar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares se enfrenta al cumplimiento del Acuerdo de Escazú, que impone obligaciones de transparencia y el principio de no regresión ambiental, complicando la aprobación en Diputados.
Este miércoles, la Cámara de Diputados retomó la discusión sobre la modificación de la Ley 26.639, que establece presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y ambientes periglaciares.
El proyecto propone limitar la protección sólo a glaciares de cierto tamaño y aquellos registrados en un inventario oficial, abriendo la puerta para que áreas de suelo congelado sean utilizadas en proyectos industriales, especialmente minería de cobre y oro en la región cordillerana.
El Acuerdo de Escazú, tratado firmado por Argentina en 2018 junto a otros 16 países, toma un papel decisivo en el debate. Con jerarquía superior a leyes ordinarias, este tratado establece que cualquier decisión ambiental relevante debe cumplir con tres condiciones: publicar datos científicos claros sobre su impacto, realizar audiencias públicas para la participación ciudadana y aplicar el Principio de No Regresión, que prohíbe reducir protecciones sin justificación técnica excepcional.
El Gobierno nacional considera que la ley vigente es demasiado restrictiva y limita inversiones mineras, buscado impulsar actividades que generen empleo y divisas. Sin embargo, la oposición y varios sectores sociales advierten que aprobar la reforma de manera acelerada podría violar el Acuerdo de Escazú y enfrentar judicialización inmediata.
Por ese motivo, los legisladores deben considerar con mayor profundidad técnica el impacto ambiental, un requisito que no estaba inicialmente contemplado por el Ejecutivo.
En este contexto, las provincias con vocación minera presionan para flexibilizar la legislación, mientras que las cordilleranas, que dependen del agua del deshielo para su agricultura, temen que las modificaciones afecten la sustentabilidad a largo plazo de sus territorios.
