Juez Jorge Toro: "Reducir la edad penal no disminuirá el delito juvenil"
El juez penal juvenil de San Juan cuestionó la reforma que busca bajar la edad de imputabilidad y destacó la necesidad de políticas públicas integrales. Señaló que la incidencia del delito adolescente es menor al 1% y que los casos graves son excepcionales.
En el marco del debate sobre la reducción de la edad de responsabilidad penal, el juez penal juvenil de San Juan, Jorge Toro, expresó una postura crítica que pone en foco la falta de políticas públicas efectivas para atender a adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Según el magistrado, la discusión se centra únicamente en la sanción y se obvia abordar el problema estructural. "Se perdió otra vez la oportunidad de debatir en serio qué vamos a hacer con estos chicos", afirmó.
Toro explicó en Radio Sarmiento, que su función comienza cuando un menor de 18 años es imputado por un delito o falta, incluso en casos donde el menor es inimputable y el proceso penal se cierra. En estos casos, emergen otras alertas sociales como abandono escolar, consumo problemático y familias sin contención.
El juez enfatizó que bajar la edad de imputabilidad no tendrá un impacto efectivo en la seguridad pública, ya que la incidencia del delito juvenil representa menos del 1% del total. De acuerdo a cifras de ambos juzgados, anualmente se registran entre 700 y 800 menores imputados, de los cuales el 75% no reincide. Sin embargo, existe un núcleo duro cercano al 10% de jóvenes que repiten conductas delictivas y que ya son conocidos por el Estado a través de diversos organismos como Educación, Niñez y Salud. El problema principal es la falta de articulación entre estas instituciones.
Respecto a delitos graves cometidos por adolescentes de 14 y 15 años, Toro señaló que en sus 13 años como juez sólo intervino en un caso de homicidio protagonizado por un menor de 16 años. En total, estos episodios serían de apenas cuatro o cinco casos en más de una década. En porcentaje, los delitos cometidos por menores de esa edad constituyen alrededor del 25% del total de hechos atribuidos a menores de 18 años, mientras que la participación de niños por debajo de 14 años es casi insignificante.
El magistrado advirtió también que esta reforma podría generar un giro hacia el poder judicial en detrimento del Estado, responsable de implementar políticas preventivas. Criticó el antiguo modelo del patronato y la internación como respuesta habitual, que sólo promovió más exclusión y fracasó en la reintegración social. "No quiero imaginar que la solución sea crear macroinstitutos", afirmó.
Toro destacó que el delito juvenil suele aparecer tras la deserción escolar y en contextos de familias frágiles y consumo de sustancias, y que allí es donde debe intervenir el Estado con políticas adecuadas. Consultado sobre la capacidad de los adolescentes para comprender sus actos, subrayó que, si bien pueden entender que están haciendo algo mal, no poseen un control pleno de sus impulsos. Además, citó recomendaciones internacionales que aconsejan no bajar la edad penal.
Finalmente, el juez reconoció el dolor de las víctimas y la necesidad de castigo, pero remarcó que la pena debe orientarse a la resocialización y al acompañamiento. "Si no generamos herramientas reales para abordar la vulnerabilidad, bajar la edad será apenas una anécdota", concluyó.