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En Diputados

El oficialismo firma dictamen para nuevo Régimen Penal Juvenil y baja la edad de imputabilidad a 14 años

Con el aval de 75 firmas, el proyecto que modifica el Régimen Penal Juvenil avanzará mañana a votación en la Cámara de Diputados. La iniciativa contempla penas alternativas y un presupuesto para su implementación.

El oficialismo firma dictamen para nuevo Régimen Penal Juvenil y baja la edad de imputabilidad a 14 años

El oficialismo, junto a aliados y sectores dialoguistas de la Cámara de Diputados, logró hoy en un plenario de comisiones firmar un dictamen favorable al proyecto que crea un nuevo Régimen Penal Juvenil. Una de las medidas más destacadas es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

Durante el debate, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, informó que ya se habían recogido 75 firmas de apoyo, lo que garantiza que la iniciativa llegará al recinto con un respaldo considerable para su votación programada para mañana a las 11 horas en una sesión especial.

El dictamen cuenta con el respaldo de los bloques de La Libertad Avanza, PRO, UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y MID. Por el contrario, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda no acompañaron y manifestaron críticas contundentes.

El proyecto no solo reduce la edad de imputabilidad, sino que también propone sanciones alternativas a las penas de prisión y establece que los menores deben estar separados de adultos en los centros de detención. Además, incluye medidas de resocialización y deja afuera la posibilidad de reclusión perpetua para menores, fijando un máximo de 15 años de prisión.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas privativas, y para aquellos con penas entre 3 y 10 años sin resultados graves como muerte o lesiones, se priorizan sanciones con enfoque social y educativo.

Finalmente, el dictamen incorpora financiamiento específico para la implementación del régimen: asigna más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia, respondiendo a las exigencias de los sectores dialoguistas.

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