El Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad tras el fallo judicial
El Ejecutivo oficializó mediante un decreto la implementación del nuevo régimen de pensiones y controles de la Ley de Emergencia en Discapacidad tras una orden judicial que exigió su aplicación inmediata. La norma tiene vigencia hasta fin de 2026 y busca mejorar la inclusión y protección social de personas con discapacidad.
El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad a través del Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial, tras la orden judicial emitida por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que pidió la aplicación urgente de la legislación.
La legislación, sancionada en julio de 2025 bajo el número 27.793, estableció un marco integral para abordar la discapacidad en el país, pero su ejecución quedó condicionada inicialmente a la disponibilidad presupuestaria. La Justicia declaró inconstitucional este condicionamiento y demandó su puesta en marcha inmediata para garantizar tratamientos y derechos esenciales.
El decreto reglamentario define el funcionamiento del nuevo régimen de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, incluyendo criterios de acceso, permanencia y procedimientos administrativos, además de conversiones automáticas de pensiones previas al nuevo esquema tras verificaciones. La pensión equivale al 70% del haber mínimo jubilatorio y puede recibir adicionales por invalidez laboral o zonas desfavorables.
El sistema busca compatibilizar la función protectora de las pensiones con la inclusión laboral, permitiendo compatibilidad del beneficio con el empleo formal siempre que los ingresos no excedan dos salarios mínimos. Asimismo, se establecen controles, auditorías periódicas y la obligación del Ejecutivo de presentar informes públicos anuales.
La ley declara la emergencia nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año, y determina que la discapacidad se aborda desde un modelo social basado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, priorizando la eliminación de barreras sociales y culturales.
Con esta reglamentación, la Ley deja de ser una declaración formal para configurar un esquema operativo con prioridad en la protección, inclusión y transparencia, en un contexto de alta demanda social y restricciones financieras.
