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Investigación Judicial

Gobierno digitaliza documentación clave del Acueducto Gran Tulum para garantizar su resguardo legal

La Escribanía Mayor de Gobierno lidera la digitalización y certificación legal de los expedientes del Acueducto Gran Tulum antes de ser enviados a la Justicia, en el marco de una causa por presuntas irregularidades en la obra pública.

Gobierno digitaliza documentación clave del Acueducto Gran Tulum para garantizar su resguardo legal

El Gobierno provincial iniciará esta semana la digitalización integral de la documentación relacionada con la construcción del Acueducto Gran Tulum, una de las obras más importantes de los últimos años. Este trabajo estará a cargo de la Escribanía Mayor de Gobierno, que certificará la autenticidad de las copias digitales para su válido uso judicial y administrativo.

La medida responde a una instrucción directa del gobernador Marcelo Orrego, tras la solicitud del fiscal Sebastián Gómez, quien investiga posibles irregularidades vinculadas a la licitación y ejecución del proyecto. Los expedientes, voluminosos y claves, forman parte de una denuncia penal presentada por Marcelo Arancibia que involucra a la gestión del exgobernador Sergio Uñac.

Autoridades del Ejecutivo, la ex OSSE y la Escribanía coordinarán el proceso para asegurar que los documentos digitales sean fieles a los originales. Una copia de la documentación digital también será utilizada por Obras Sanitarias para completar un informe que está bajo análisis en la Cámara de Diputados.

La investigación se centra en la posible direccionamiento de la licitación hacia la empresa KRAH América Latina SA, vinculada al empresario Gustavo Monti, primo del exgobernador. Se sospecha además que la obra pudo haber provocado un daño económico al Estado por el uso de caños defectuosos, que no serían aptos para garantizar el suministro de agua potable a más de un millón de sanjuaninos.

Entre los delitos señalados figuran malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho, tráfico de influencias y defraudación al Estado, presuntamente cometidos entre 2015 y 2023. Esta semana, Arancibia amplió la denuncia para incluir al ex presidente de OSSE, Sergio Ruiz, por su gestión durante la aprobación de los materiales cuestionados.

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