Caen los accidentes laborales y su gravedad, pero crece la litigiosidad a niveles pre-reforma

La evolución del sistema de riesgos del trabajo en Argentina presenta dos tendencias opuestas. Por un lado, la siniestralidad laboral muestra una caída sostenida en la cantidad y gravedad de accidentes y enfermedades profesionales. Por otro, la litigiosidad laboral ha crecido en los últimos años, alcanzando niveles comparables o superiores a los previos a las reformas legales.

Un informe del Ieral reveló que desde mediados de los años 90, cuando se registraban unos 75 accidentes y enfermedades laborales por cada 1.000 trabajadores, esta cifra se redujo a la mitad en la actualidad. La mejora es clara en el ámbito laboral, aunque los accidentes in itinere -aquellos ocurridos en el trayecto entre el hogar y el trabajo- aumentaron, pasando de 7 a 18 casos cada 1.000 trabajadores, indicando factores externos a la organización laboral.

En cuanto a los siniestros graves, la tasa de muertes por millón de trabajadores en el lugar de trabajo cayó de 158 en 1997 a 34 hoy, evitando según el estudio unas 18.700 muertes en 26 años. En accidentes in itinere, la reducción fue de 76 a 30 muertes por millón.

Por otro lado, la litigiosidad aumentó tras una reforma legislativa en 2017, luego de una desaceleración temporal que duró hasta la pandemia. En 2024, se registraron aproximadamente 124.000 juicios por riesgos del trabajo, similar a cifras previas a la ley. El ascenso continuó en los primeros meses de 2025, próximo a un récord anual.

La mayoría de estos juicios se concentran en incapacidades leves: en 2023, el 64% de las sentencias correspondió a incapacidades inferiores al 15% y el 96% a incapacidades de hasta el 30%. Solo un pequeño porcentaje involucró incapacidades mayores al 50%, señalando que la justicia no suele intervenir en casos graves, generalmente resueltos automáticamente por el sistema.

Además, solo el 8% de accidentes laborales e in itinere da lugar a juicios, mientras que el 43% de enfermedades profesionales terminan judicializadas. Estas proporciones se mantienen tanto en provincias adheridas como no adheridas a la ley, evidenciando que la reforma solo frenó algo la litigiosidad temporalmente.

Existen marcadas diferencias regionales: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, cerca del 17% de siniestros derivan en juicio, mientras que en Buenos Aires, Córdoba y Neuquén es entre el 8% y 11%, y en otras provincias no supera el 4%. Estas disparidades se atribuyen a diferencias en criterios de evaluación médica judicial.

En volumen, el stock de juicios supera los 300.000, tras descender momentáneamente luego de la reforma. Este volumen de litigios representa un impacto económico significativo: se estima que el costo anual representa un 1,2% de la masa salarial, equivalente al 47% de la alícuota promedio del sistema de riesgos del trabajo, amenazando la sostenibilidad financiera del sistema.

En síntesis, aunque los indicadores de seguridad laboral mejoran, el sostenido crecimiento de la litigiosidad laboral constituye un desafío estructural para el sistema argentino de riesgos del trabajo.