Dictamen favorable para la reforma de la Ley de Glaciares: el debate político llega al recinto el 10 de febrero
Tras obtener el dictamen de mayoría en las comisiones de Minería y Ambiente del Senado, el proyecto para modificar la Ley de Glaciares será debatido en el recinto el 10 de febrero de 2026. El aplazamiento del tratamiento abre una etapa crucial de negociación política entre los sectores que impulsan la seguridad jurídica para la inversión minera y las organizaciones que alertan sobre la vulneración del principio de no regresión ambiental.
Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación han emitido un dictamen de mayoría que aconseja la aprobación del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para modificar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Tras una intensa jornada de debate en el Salón Arturo Illia, se confirmó que el tratamiento del proyecto en el recinto se llevará a cabo el próximo 10 de febrero de 2026, coincidiendo con un nuevo llamado a sesiones extraordinarias.
El dictamen, registrado bajo el expediente PE-161/25, contó con la firma de numerosos legisladores, aunque también evidenció fracturas internas mediante disidencias explicitadas por senadores como Edith Terenzi y Galvano. La reunión plenaria fue presidida por los senadores Flavio Fama y la mencionada Terenzi, y contó con la participación de representantes del sector científico, ambientalista, empresarial y mandatarios provinciales.
Posturas enfrentadas: seguridad jurídica frente a protección ambiental
El sector minero y los gobiernos provinciales han mostrado un fuerte respaldo a la iniciativa. Alfredo Vitaller, de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), sostuvo que la reforma busca corregir "imperfecciones" de la ley vigente para reducir incertidumbres y adecuar el marco normativo. Por su parte, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, subrayó el impacto económico del sector, destacando la creación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos en su provincia. Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, coincidió en la necesidad de una ley que permita una aplicación adecuada mientras se protegen las reservas de agua estratégicas.
En la vereda opuesta, las organizaciones ambientales y sectores científicos expresaron graves preocupaciones:
• Principio de no regresión: Se advirtió que la modificación podría violar este pilar del derecho ambiental, que prohíbe que las nuevas leyes reduzcan niveles de protección ya adquiridos.
• Cuestionamientos técnicos: Los ambientalistas critican la redefinición del ambiente periglacial y la introducción del concepto de "significancia hídrica", lo cual podría dejar desprotegidas áreas críticas.
• Calidad del Inventario: Pablo Villagra, del IANIGLA, defendió la precisión del Inventario Nacional de Glaciares concluido en 2018, el cual ya se encuentra en proceso de actualización y ha recibido elogios internacionales.
Un espacio para la negociación política
La decisión de postergar el tratamiento hasta el 10 de febrero no es menor, ya que abre un margen de negociación política fundamental entre el oficialismo y los sectores que consideran "complicada" la situación actual. Organizaciones como FARN y Greenpeace han calificado el proceso previo como un "trámite exprés" y exigen un nivel de participación pública similar al que tuvo la sanción de la ley original, advirtiendo que, de aprobarse tal como está, la norma podría ser declarada inconstitucional.
Este periodo de cara a febrero será clave para determinar si se logran acercamientos en torno a los puntos más polémicos o si la reforma enfrentará una judicialización inmediata por parte de los sectores que consideran que "todos los glaciares están en peligro".
Por último, se tiene que decir que en estas comisiones no hay senadores sanjuaninos firmantes del dictamen de tratamiento de la norma. Los senadores de San Juan son Bruno Olivera, María Celeste Giménez y Sergio Mauricio Uñac.
