"Una restitución histórica de soberanía": el respaldo científico al cambio en la Ley de Glaciares
Silvio Pastore, referente en glaciología de la UNSJ, aseguró que el proyecto no altera el espíritu de protección ambiental, pero devuelve a las provincias la responsabilidad de decidir cómo preservar sus glaciares y desarrollar actividades productivas bajo control propio
El reciente proyecto del gobierno nacional para modificar la Ley 26.639 de Glaciares ha sido calificado como "muy bien armado" por Silvio Pastore, Director del Gabinete de Estudios de Geocriología, Glaciología, Nivología y Cambio Climático de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN-UNSJ). Pastore considera esta iniciativa como una restitución histórica que devuelve a las provincias la potestad de legislar sobre sus recursos naturales.
Corrección de un "gran error" legislativo
Según el análisis de Pastore, el proyecto resuelve el que considera el "gran error" cometido por los legisladores provinciales argentinos al delegar a la nación la legislación de leyes de presupuestos mínimos, cediendo parte de su soberanía sobre sus propios recursos naturales. Volver a las provincias, la toma de decisiones sobre cómo preservar su ambiente es visto como una medida "muy oportuna".
La modificación presentada no varía el espíritu de la Ley de Glaciares, la cual busca proteger todas las reservas estratégicas. En cambio, esta iniciativa le devuelve a las provincias la capacidad y la responsabilidad de sancionar leyes o normas complementarias destinadas al cuidado ambiental. El experto subrayó la importancia de esta descentralización, ya que nadie mejor que las provincias conocen su territorio y su gente para aplicar normas en un contexto regional y territorial específico.
El desafío provincial: desarrollo y control
De aprobarse esta modificación, las provincias deberán encarar un camino de trabajo intenso y detallado. Tendrán que hacerse cargo del desarrollo industrial, minero o petrolero, asegurándose de que estas actividades se realicen conservando el ambiente y sin ponerlo en riesgo.
Pastore enfatizó que las provincias deberán legislar y fortalecer las instituciones. Es fundamental que tomen decisiones en temas ambientales, basándose en la ciencia, apoyándose y fortaleciendo las instituciones existentes en la provincia. Para el control real de las actividades, será necesario fortalecer entes como la Policía Minera y la gestión ambiental.
El Director del Gabinete de Estudios de Geocriología también mencionó la necesidad de una gestión transparente. Se espera que la relación entre la ciencia y los políticos se fortalezca, permitiendo a estos últimos tomar decisiones más certeras.
San Juan, un ejemplo a seguir
En este contexto, la provincia de San Juan fue destacada como un caso a imitar. Es una de las pocas jurisdicciones que en su momento realizó el inventario de glaciares, lo que la posiciona a primer nivel nacional y la convierte en un ejemplo para el resto de las provincias. Contar con esta información facilita el camino a seguir.
Finalmente, Pastore sugirió modificar la ley para que parte de los recursos generados por la actividad minera (que generalmente van a rentas generales) se destinen a establecer y fortalecer las instituciones necesarias para asegurar a la comunidad que las actividades se realizarán sin comprometer a las generaciones presentes ni futuras en el cuidado del ambiente. Además, la gestión política de estos temas debe ser transparente, garantizando que la información esté disponible de forma oficial en las redes para la consulta de la comunidad. Este nuevo escenario es posible gracias al conocimiento acumulado tras 15 años de la sanción de la ley de presupuestos mínimos.
