El valor de la Educación en una Nación inconclusa

Desde antes de la conquista española, la educación resultaba esencial aun en una sociedad sin escritura como la Azteca e Inca, que cifraba sus posibilidades en establecer y difundir su cultura entre propios y extraños y materializar en forma oral "la memoria social, es decir el conjunto de leyes, normas y valores que deben transmitirse de una generación a otra para asegurar la identidad misma de la colectividad", según apuntan Salvador Canals Frau y Tzvetan Todorov en sendos tratados sobre la sociedad prehispánica. 

Sin duda, la Educación Pública cumple un papel fundamental en la identidad y desarrollo de una sociedad, pues, para empezar, tiene que ver con la posibilidad efectiva de crear a través de ella una conciencia de comunidad nacional y consecuentemente organizar la comunidad misma, en tanto la educación nos forma como ciudadanos de una sociedad determinada y nos ayuda -o debería ayudarnos- a "adquirir conciencia de nuestra singularidad", como bien ha señalado el escritor Octavio Paz en uno de sus textos antológicos.

La educación cumple, además, un fin comunicacional básico: pone en común valores, costumbres, principios; une a la comunidad en objetivos nacionales y sociales comunes y solidarios, conformando una unidad y un todo nacional, cuya cohesión la fortalece como sociedad (como lo demuestran las sociedades desarrolladas); y es la encargada de conservar la tradición nacional, entendiendo por tal la memoria cultural de un pueblo, de su pasado y de su génesis. En esa medida, la Educación Pública no puede dejar de formar parte del proyecto de Nación.

De allí la importancia que tiene la intervención del Estado Nacional –instrumento político-institucional de una Nación para organizarse, desempeñarse y realizarse como tal– con el fin de impulsar y hacer efectivos los objetivos de la Nación entre todos sus habitantes, tarea que excede a los particulares, que tienen sus propios fines individuales, y que excede los fines lucrativos de cualquier empresa.  

Si un país no se hiciera cargo de la educación de todos sus hijos, quedaría a expensas de la voluntad, posibilidades y fines privados, destruyendo en la cuna el propósito de formar ciudadanos en un espíritu nacional solidario como fundamento de la propia identidad nacional

Esa tarea de formar a los ciudadanos de un país excede a los particulares, cuyos fines individuales no siempre coinciden con los del país y la sociedad toda, por lo que necesariamente resulta una tarea que compete al Estado, que debe velar por los intereses y derechos comunes de todos sus habitantes, a quienes debe procurar, sin privilegios, igualdad de condiciones y oportunidades, pero también e imprescindiblemente la formación de una conciencia nacional soberana colectiva. 

Cuando esa conciencia se ha ido deteriorando -con los resultados a la vista- después de muchos avatares de la vida política argentina desde 1955 en adelante, y particularmente desde 1976 hasta nuestros días, la educación ha ido perdiendo sus valores fundamentales y su razón de ser (formar la conciencia de argentinos) y hoy resulta objeto de subasta pública. 

Breve historia de la Educación Pública

Tan estrecha es la relación entre Educación, Nación y Sociedad, que ya Manuel Belgrano, secretario del Consulado de Buenos Aires en 1796, y a la vez hombre comprometido con la sociedad y comunidad de su tiempo, en un país de raíz agropecuaria, entendía que no había método más eficaz para promover la agricultura que la educación de los agricultores. De acuerdo a dicho propósito, proponía fundar una Escuela de Agricultura. De igual manera, dependiendo de la riqueza producida por el agro, debía desarrollarse a la par la Industria y el Comercio, para lo cual preveía igualmente la creación de escuelas especializadas en esos otros rubros multiplicadores de la riqueza.

No es casual que, en un país no definido todavía por su desarrollo económico autónomo, "la enseñanza de las ciencias estuviera prohibida para nosotros, y sólo se nos concediera la gramática latina, la filosofía antigua, la teología y la jurisprudencia civil y canónica", según denunciaba el Manifiesto que daba a conocer la Declaración de la Independencia de 1816 ante todos los países del mundo. 

Tampoco resulta contingente, que el Movimiento Reformista de 1918, un siglo después, protestara vehementemente en el ámbito de la educación superior por la misma razón. 

Durante todo el siglo XIX hasta la promulgación de la ley de Educación Común de 1884, diversas circunstancias, entre ellas la guerra civil entre Buenos Aires y las Provincias desde 1810 a 1880, y el triunfo en definitiva de un modelo de país relacionado con intereses particulares y minoritarios de nativos asociados al extranjero, que hasta hoy se ha impuesto al Modelo Nacional, impidieron la conformación de un sistema educativo con una fuerte impronta nacional en todo el sentido de la palabra.

Para empezar, la prioridad para una educación pública, gratuita y común para todos los habitantes recién tendría lugar con la creación del Estado Moderno en 1880 y la promulgación de la Ley de Educación Común en 1884. No había sido casual que, durante el Gobierno del Gral. San Martín en Cuyo (1814 – 1817), y de su Teniente Gobernador José Ignacio De la Roza en San Juan (1815 – 1820), detrás de un proyecto de Patria Grande, se fundara la Escuela de la Patria a nivel local -escuela a la que durante nueve años asistió Domingo Faustino Sarmiento-, y que, por el contrario, la iniciativa del gobierno porteño de Rivadavia en 1825, de becar jóvenes del Interior para que estudiaran en Buenos Aires sin un verdadero objetivo nacional, terminara en un fracaso. 

En ese país, siendo Domingo Faustino Sarmiento desde muy joven el gran propagandista de la educación pública, no llegó durante su presidencia a sancionar una norma nacional sobre ella, aunque su ministro de Educación, Nicolás Avellaneda, hizo escuelas en toda la república con recursos del Tesoro, hasta ese momento usufructuado por porteños y bonaerenses (unidad jurisdiccional por entonces). Tampoco lo hizo su sucesor en la presidencia, el mismo Nicolás Avellaneda. Tal vez ello no se debiera a otra cosa que a la inexistencia de un Estado Nacional hasta 1880. He aquí la importancia del Estado.

La tarea de fundación del Estado Nacional le cabría a otro provinciano –dato no menor en la geopolítica argentina de entonces, no siempre justipreciada-, lo que traería aparejado consecuentemente la creación del sistema educativo nacional primario, tal cual se lo conocería en tiempos del Gral. Julio Argentino Roca.

La ley de educación común, laica, gratuita y obligatoria

Es necesario afirmar y reafirmar que fue gracias al Estado Argentino que nació la Educación Pública, tal como lo confirma la historia de nuestro país. 

En efecto, la Ley 1420, promulgada el 8 de julio de 1884, creadora de la Educación Pública en la Argentina, fue a su vez una de las leyes fundacionales del Estado Argentino Moderno, junto con la Ley de Federalización o de Capitalización de Buenos Aires –resistida por Buenos Aires-, que convertía a esa Ciudad en Capital de la República. Hasta entonces, los presidentes y los habitantes de otras provincias del inmenso territorio argentino solo habían podido ser huéspedes de aquella ciudad o, en su defecto, considerados extranjeros. 

Junto a esa medida vendrían además la efectivización de la nacionalización de la Aduana de Buenos Aires (dicha  provincia había usufructuado sus beneficios con exclusividad, casi sin solución de continuidad, entre 1810 y 1880); la creación de la Moneda Nacional (1881) que unificó el sistema monetario argentino y permitió la emisión de una sola moneda al Banco Nacional; la consolidación de un solo Ejército Nacional, el mismo ejército de donde surgirían, ya en pleno siglo XX, las generaciones militares del general Mosconi, el capitán Oca Balda, el general Savio, el general Perón y el brigadier San Martin, entre otros. 

La Ley 1420 estableció la instrucción primaria obligatoria, gratuita y gradual, lo que suponía la existencia de una escuela al alcance de todos los niños del país y de cualquier sector social, con acceso a un conjunto mínimo de conocimientos también estipulados por ley. 

Al momento de la sanción de la ley en 1884, el porcentaje de personas alfabetizadas en Argentina era muy bajo. Sabía leer y escribir menos de uno de cada cinco habitantes. Treinta años después, al conmemorarse el Centenario de 1910, ya dos de cada tres argentinos sabían leer y escribir.