El Gobierno presenta proyecto de reforma laboral con cambios profundos y beneficios para la formalización

La Casa Rosada finalizó el borrador de la reforma laboral que tiene previsto enviar al Congreso antes de finalizar el año. El proyecto incluye temas previamente discutidos, como el banco de horas, modificaciones en las vacaciones y criterios salariales, e introduce nuevos elementos: un régimen especial para incentivar la formalidad, incentivos para empresas con personal registrado y restricciones al accionar sindical.

El documento oficial señala que la propuesta busca actualizar el marco laboral con reglas claras que reduzcan litigios y se ajusten a las necesidades productivas, promoviendo la reducción de costos, la generación de empleo, la atracción de inversiones y la simplificación administrativa.

Entre las reformas destacadas en la Ley de Contrato de Trabajo se elimina el concepto de "justicia social" como criterio interpretativo, se reconoce como cosa juzgada a los acuerdos conciliatorios homologados y se descarta la aplicación analógica de convenios colectivos. Además, los trabajadores eventuales quedan excluidos para ocupar cargos gremiales y se simplifica la registración laboral, limitando requisitos adicionales a los establecidos por ARCA.

Se redefine qué conceptos forman parte de la remuneración, excluyendo beneficios como comedor o medicina prepaga para disminuir conflictos en indemnizaciones, y se autoriza el pago de salarios en moneda extranjera. También se introduce la posibilidad de negociar componentes variables ligados al rendimiento.

En materia de vacaciones y licencias, se permite dividir las vacaciones en tramos con un mínimo de siete días, la creación de un banco de horas opcional y un sistema más riguroso para justificar ausencias por enfermedad. Se mantienen protecciones para casos de accidentes o enfermedades permanentes y se eliminan la reserva de empleo para cargos electivos y el preaviso en el período de prueba.

Respecto a las indemnizaciones, se mantiene la regla de un mes por año trabajado, precisando los conceptos que se consideran remunerativos para otorgar mayor certidumbre.

Se plantea la creación de Fondos de Asistencia Laboral financiados con una contribución del 3% que permitirá una reducción parcial en aportes al SIPA para las empresas.

En cuanto al empleo doméstico y trabajadores de plataformas digitales, se extiende el período de prueba a seis meses con recibos electrónicos y se regula un régimen específico para repartidores y mensajeros que garantiza derechos como rechazar pedidos, cobrar propinas y acceder a formación gratuita, entre otros.

El proyecto también propone el fin de la ultraactividad en los convenios colectivos, priorizando los de menor ámbito y facultando a la autoridad laboral a suspender cláusulas que generen distorsiones económicas severas.

En materia sindical, se establece que las asambleas en lugares de trabajo requieren autorización previa del empleador y que su duración y horario serán regulados sin derecho a remuneración. Además, se tipifican como faltas graves bloqueos y tomas de establecimientos, se acorta el crédito horario de delegados y se redefine la tutela sindical.

El Gobierno introduce un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral por un año que reduce contribuciones patronales en nuevos contratos durante 48 meses, dirigido a personas sin trabajo registrado o con al menos seis meses de desocupación, condicionando el beneficio a la creación neta de empleos.

Finalmente, se propone una reducción de las contribuciones patronales para el empleo formal: el aporte a obras sociales baja del 6% al 5%, mientras que la alícuota para el sector comercial y de servicios de alta facturación pasará del 20,40% al 17,40% y la del resto del sector privado irá del 18% al 15%. Se prevé también un mecanismo especial para regularizar relaciones laborales no registradas con beneficios y planes de pago especiales.