La Cámara de Bodegueros de San Juan respalda la desregulación del INV impulsada por el Gobierno
Sostienen que es "una oportunidad para simplificar procesos" por lo que se da apoyo total a la modernización normativa y la reducción de la burocracia
La industria vitivinícola sanjuanina, a través de su Cámara de Bodegueros, ha manifestado públicamente su firme acompañamiento al proceso de normalización y modernización normativa que impulsa el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Este movimiento, que busca ordenar y actualizar el marco regulatorio de la actividad, es considerado por los socios de la Cámara y demás empresarios del sector como una "oportunidad" clave.
Desde San Juan, las bodegas sostienen que esta etapa permitirá simplificar procesos, reducir las cargas administrativas y fortalecer la trazabilidad y la transparencia del vino argentino. Los referentes del sector subrayan que este cambio se puede realizar sin comprometer la calidad ni la seguridad del producto final.
Reforma del INV: control en góndola y eliminación de 5.000 fiscalizaciones anuales
El eje central de la modernización normativa reside en un cambio radical en la estrategia de fiscalización. El nuevo enfoque implica que el INV dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias de la producción (viñedos, cosecha, bodegas), concentrándose únicamente en verificar la calidad y la aptitud para el consumo del producto una vez que está embotellado en góndola.
Esta reestructuración tiene como consecuencia directa la eliminación de aproximadamente 5.000 fiscalizaciones presenciales al año. La Cámara reafirmó su postura de apoyar toda iniciativa que contribuya a lograr un sistema más eficiente, simple y coherente con la realidad productiva de la vitivinicultura argentina.
Para el sector sanjuanino, es fundamental que el nuevo sistema mantenga una trazabilidad clara desde el origen. Asimismo, se requiere modernizar y agilizar la documentación de ingreso, traslados y traspasos, e instrumentar una fiscalización del producto final que sea eficiente y estricta, y que esté alineada con estándares internacionales.
Adiós a la burocracia: permisos y declaraciones que desaparecen
Uno de los mayores beneficios de la desregulación, según los adherentes, es la supresión de la burocracia que históricamente afectó la competitividad del sector. Entre los trámites eliminados se encuentran la Declaración Jurada semanal de elaboración y los permisos de tránsito, que representaban más de 140.000 documentos al año. También se suprimen las multas por demoras y más de 900 regulaciones obsoletas.
Esta supresión de regulaciones tiene como objetivo reducir costos y demoras. Con la modernización, los inspectores solo analizarán muestras de productos finales en laboratorios, un cambio que, según los empresarios consultados, cierra puertas a la discrecionalidad.
Certificado de Identificación Única (CIU): De obligatorio a optativo
Respecto al sistema de certificación, se ha clarificado que el Certificado Único de Identificación (CIU) no desaparece, sino que deja de ser obligatorio.
Un bodeguero local consultado afirmó que, para quienes trabajan 100% con vinos varietales, deben seguir realizando el CIU "sí o sí", incluso para el mercado interno. Las certificaciones de origen, añada y varietal pasan a ser optativas, salvo en ciertas circunstancias. Específicamente, si un productor desea colocar en la etiqueta la variedad de uva (como Malbec, Syrah, Chardonnay o Cabernet Sauvignon), la vendimia (por ejemplo, Vendimia 2025), o un Valle geográfico específico (como Valle de Pedernal, Valle de Zonda, Valle de Tulum, o Calingasta), debe contar con el CIU que lo ampare.
Por el contrario, el productor que elabora un vino genérico y lo envasa para comercializarlo simplemente como "vino blanco o vino tinto" no necesitará el CIU, aunque tiene la opción de seguir haciéndolo si lo desea. Otro cambio significativo es que la presentación obligatoria del MB02 (documento que indicaba cuántos litros se elaboraron al final de la cosecha) deja de ser requerida. Los bodegueros sostienen que, a pesar de los cambios, la trazabilidad está garantizada.
La postura crítica hacia la oposición
Desde el sector bodeguero de San Juan se sostiene que quienes se oponen a la desregulación propuesta por el gobierno son entidades cuyos presidentes ocupan cargos importantes en la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).
Los defensores de la desregulación alegan que la verdadera motivación de la oposición no es la preocupación por la trazabilidad o la genuinidad del producto, ya que consideran que el control en góndola incluso mejora la fiscalización previa.
La preocupación principal que se manifiesta desde el sector que apoya la medida es que a la COVIAR-Corporación Vitivinícola Argentina- "se le termina la fuente de alimentación de datos para poder facturar". Argumentan que COVIAR cobra una tarifa por kilo de uva y por litro de vino elaborado, y al dejar de ser obligatoria la información de elaboración (como el MB02), estos datos no estarán disponibles "fehacientemente". Si bien se mantiene la obligación de informar sobre el litro despachado para consumo, la supresión de la base de datos de elaboración es vista como la raíz de la disidencia.
Adhesiones importantes en la provincia
El acompañamiento al proceso de normalización normativa del INV cuenta con un extenso listado de adherentes de la industria vitivinícola sanjuanina, incluyendo a: Mauricio Colomé (Bga. y Vdos. Casa Montes S.A.), Juan Pablo Ripalta (Roble Negro Wines), Humberto Vignoli (Ansilta S.A.), Mario Pulenta (Augusto Pulenta S.A.), Santiago Graffigna (Bodega Graffigna Yanzón), y Matías Putruele (Putruele Hnos. S.A.), entre otros 52 firmantes que representan a bodegas, viñedos, y empresas del sector
