Nuevo Código Penal: clave en endurecimiento y combate a la impunidad

El Gobierno de Javier Milei avanza con un anteproyecto de nuevo Código Penal que busca modificar profundamente el sistema punitivo argentino para terminar con la impunidad. La iniciativa pretende poner fin a la llamada "puerta giratoria", que permite a condenados reincidir sin consecuencias efectivas.

El proyecto propone elevar las penas en diversos delitos. Por ejemplo, el homicidio simple pasaría de 8–25 años a una sanción de 10 a 30 años, mientras que el homicidio agravado incorpora nuevos supuestos para prisión perpetua, especialmente cuando las víctimas sean autoridades, menores o mayores vulnerables, o en lugares masivos.

Se endurecen también penas por lesiones, abuso de armas, omisión de auxilio y pornografía infantil, ampliando condenas, con la posesión con fines de distribución penada entre 4 y 12 años de prisión. Los robos suman figuras específicas para modalidades como "motochorros" y "viudas negras", aumentando los mínimos y máximos en prisión según la violencia o fuerza empleada.

Una novedad fundamental es la imprescriptibilidad para delitos graves como homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, corrupción de menores, trata de personas, terrorismo y narcotráfico. El anteproyecto establece que estos delitos deberán ser investigados y condenados sin importar el tiempo transcurrido.

Respecto al cumplimiento efectivo, se calcula que el 82% de los delitos exigirán prisión efectiva, limitando beneficios como la condena condicional y la liberación anticipada para casos graves y reincidentes, incluidos homicidios, robos armados y delitos cometidos por funcionarios.

La ejecución de penas también busca agilidad, comenzando tras el rechazo del recurso extraordinario federal y no esperando resolución de la Corte Suprema. Además, las condenas perpetuas no tendrán límites temporales, y funcionarios culpables perderán sus jubilaciones privilegiadas.

Finalmente, el proyecto refuerza la legítima defensa y amplía la participación de las víctimas en decisiones relacionadas con beneficios penitenciarios, destacando la importancia de los afectados en el proceso judicial.