Mendoza avanza con medidas para frenar el bullying y crece la presión para que San Juan adopte controles más estrictos
Con nuevas sanciones para padres y protocolos obligatorios, la provincia vecina dio un paso decisivo en la lucha contra la violencia escolar. En San Juan, crece el consenso de que el problema requiere acciones más firmes y un abordaje que involucre a toda la comunidad educativa.
El bullying en las escuelas argentinas se ha transformado en una problemática persistente y cada vez más compleja. A pesar de contar con un marco legal nacional —como la Ley 26.892, que desde 2013 busca prevenir la violencia y promover una convivencia pacífica dentro de los establecimientos educativos— los episodios de hostigamiento, agresiones y acoso continúan repitiéndose en todo el país.
En las aulas conviven víctimas y victimarios, pero la realidad muestra que quienes ejercen violencia muchas veces también la padecen en otros ámbitos, especialmente en el familiar. Este círculo de agresión, sumado a la pérdida de respeto por la autoridad y al deterioro del vínculo entre escuela y hogar, deriva en escenarios de caos donde los docentes, aunque hagan grandes esfuerzos, no siempre logran contener la tensión.
San Juan no es ajena a esta realidad. Aunque existen directivos y equipos técnicos –gabinetes y psicopedagogos- que intentan abordar la problemática con protocolos internos y acompañamiento pedagógico, cada vez queda más claro que el abordaje institucional no alcanza. Según trascendió, dentro del ámbito educativo y legislativo sanjuanino comienza a tomar fuerza la idea de avanzar hacia controles más exhaustivos, inspirados en el modelo que Mendoza acaba de aprobar.
Mendoza dio un paso adelante: sanciones, protocolos y corresponsabilidad familiar
La provincia vecina fortaleció su política contra el bullying con una herramienta que marca un antes y un después. La Legislatura de Mendoza aprobó una ley que modifica el Código de Contravenciones e incorpora sanciones para padres, madres o tutores cuando sus hijos cometan actos de acoso escolar y ellos no intervengan adecuadamente.
Las multas pueden llegar a los 2 millones de pesos y se contemplan tareas comunitarias de hasta 50 días. Además, se establece la obligación de asistir a mediaciones, talleres de parentalidad y espacios de acompañamiento, con el objetivo de prevenir la reincidencia y reforzar la responsabilidad adulta en la construcción de entornos seguros.
La norma introduce los artículos 100 bis, 100 ter y 100 quater al Código Contravencional y prevé un procedimiento progresivo:
Intervención escolar con aplicación del protocolo y registros formales.
Convocatoria a las familias para trabajar un plan de acción.
Escalamiento judicial en caso de inasistencia, falta de cooperación o incumplimiento.
Las sanciones van desde 1.500 a 3.000 UF —entre $750.000 y $1.500.000— y pueden duplicarse ante reincidencia. Lo recaudado se destinará íntegramente al Fondo Provincial para la asistencia de víctimas de acoso escolar.
En paralelo, Mendoza aprobó la Resolución 5679-DGE-2025, que obliga a escuelas públicas y privadas a seguir un protocolo claro de prevención, identificación, comunicación y seguimiento, con equipos interdisciplinarios involucrados.
Una señal de alerta para San Juan
Mientras Mendoza avanza, en San Juan la realidad todavía transcurre sin un marco actualizado ni sanciones específicas que involucren a las familias. La Cámara de Diputados provincial, por ahora, no ha promovido un proyecto similar, aunque crecientes sectores educativos y políticos consultados por este medio sostienen que es momento de dar un paso al frente. Pero el tema está en la agenda de algunos legisladores, que tendrían que reforzar este trabajo para el bien de los chicos
La preocupación radica en que las víctimas no solo sufren violencia física o psicológica dentro de la escuela: también padecen aislamiento y quedan expuestas a un escenario de soledad e indefensión que puede marcar su vida escolar y social. En ese contexto, especialistas coinciden en que el Estado debe intervenir con herramientas más fuertes, que vayan más allá del aula y alcancen la "célula básica de la sociedad": la familia.
Replicar el modelo mendocino, adaptándolo a la realidad local, aparece como una alternativa cada vez más discutida. Sancionar a los adultos responsables no busca castigar por castigar, sino lograr que participen activamente en la resolución y prevención del problema.
Un debate urgente
La violencia en las escuelas no se resuelve con medidas aisladas, pero el ejemplo de Mendoza muestra un camino concreto: protocolos, intervención temprana, corresponsabilidad familiar y sanciones para quienes no cumplan.
En San Juan, el desafío está planteado. Las señales de alarma ya son evidentes y la comunidad educativa reclama herramientas más efectivas. El debate legislativo, aún ausente, comienza a ser impostergable si se busca proteger a las infancias, garantizar convivencia y evitar que el bullying siga marcando la vida de cientos de estudiantes.
