Amenazas de bomba: ajustan protocolos para evitar evacuaciones masivas innecesarias

El fiscal Ignacio Achem se refirió al incremento de las amenazas de bomba registradas en escuelas, hospitales y eventos masivos en la provincia. El funcionario judicial explicó que, ante cada denuncia, se evalúa cuidadosamente si corresponde una evacuación total, parcial o un rastrillaje sin desalojo, para minimizar el impacto que estos operativos generan.

"La decisión depende de los especialistas en explosivos, bomberos y policía. Ellos determinan si se procede a la evacuación completa o parcial, o si puede hacerse un rastrillaje sin evacuar", detalló Achem en Radio Mil 20.

El fiscal señaló que, en la mayoría de los casos, las amenazas provienen de adolescentes. "Uno escucha la voz de un chico de 12, 13 o 15 años haciendo la llamada, y el sentido común indica que no puede ser real, pero igualmente debemos aplicar el protocolo", dijo.

Sin embargo, recordó que incluso las amenazas falsas constituyen un delito: "La ley penal reprime la sola amenaza. Quien cree que está haciendo un chiste está muy equivocado: puede terminar preso", advirtió.

Achem recordó que la experiencia en operativos anteriores, como el ocurrido durante el recital de Lali Espósito, permitió acordar estrategias más equilibradas. En esa oportunidad, se decidió un sastrillaje parcial, sin evacuar completamente el predio, lo que evitó el pánico y permitió continuar la actividad de manera controlada.

Respecto al modo de informar al público durante estos procedimientos, el fiscal explicó que se notifica primero a las autoridades del lugar y que el operativo suele hacerse visible antes de que se emita un comunicado general. "En lugares como el Hospital Rawson, donde hay más de 4.000 personas, es imposible comunicarlo a todos al mismo tiempo. Por eso se trabaja coordinadamente y con precaución", indicó.

En septiembre, el Ministerio Público Fiscal realizó una jornada de concientización junto al Ministerio de Educación, destinada a alumnos, para alertar sobre las consecuencias legales de este tipo de hechos. Según Achem, esas acciones ayudaron a reducir la cantidad de amenazas, aunque el problema persiste.

"En todos los delitos se necesita concientización, pero aun así siguen ocurriendo. Esto también requiere un cambio social", reflexionó.

El fiscal confirmó que dos personas fueron condenadas por realizar amenazas de bomba y otras dos accedieron a una suspensión de juicio a prueba, mientras que en los casos donde los implicados son menores de edad, la intervención se da en otro fuero judicial.

Finalmente, el funcionario sostuvo que muchas de estas llamadas buscan provocar la evacuación y suspender clases o actividades, pero recordó que la justicia no las toma como simples bromas:"Quien hace una amenaza, aunque crea que es un chiste, está cometiendo un delito grave con consecuencias reales".