Reforma laboral oficial mantiene indemnizaciones y propone cambios en salarios y convenios

En un contexto de especulaciones y versiones diversas, la reforma laboral que prepara el Gobierno comienza a tomar forma, aunque su texto definitivo aún está en revisión. Desde el Consejo de Mayo confirmaron que la presentación oficial se estima para mediados de diciembre, basándose en los acuerdos iniciados en junio entre funcionarios, gobernadores, legisladores, empresarios y la CGT.

Contrariamente a algunas informaciones difundidas, el proyecto mantendrá la indemnización por despido que corresponde a un mes por año trabajado, sin aplicar un tope de 10 salarios. El tope actual corresponde solo a la remuneración base para cálculo y seguirá vigente, asegurando "cero perjuicio al trabajador", reafirmaron desde el Consejo.

La propuesta incluye la limitación de la ultractividad automática de los convenios colectivos, estableciendo que solo las "cláusulas normativas" —las que definen condiciones laborales— conservarán vigencia tras el vencimiento del convenio, mientras que las "cláusulas obligacionales" perderán vigencia, favoreciendo así la actualización periódica de los acuerdos laborales.

Asimismo, se priorizarán los acuerdos por empresa sobre los convenios sectoriales, trasfirendo poder decisorio a las comisiones internas y modificando la estructura tradicional sindical. También se plantea limitar las cuotas solidarias, recaudación que financia sindicatos mediante descuentos a todos los trabajadores aun sin afiliación, un punto que generó fuerte oposición gremial y conflictos judiciales.

En materia de derecho de huelga, el proyecto retoma la reglamentación que fija la cobertura mínima en servicios esenciales, con un 75% para servicios críticos y 50% para los trascendentales, buscando asegurar la continuidad en actividades estratégicas.

Un aspecto clave es la introducción de los salarios dinámicos o variables, ligados al mérito, productividad y situación financiera de la empresa. Según el Consejo, estos componentes buscan incentivar la formalidad y la competitividad, especialmente en pymes, sin afectar los mínimos legales y convencionales.

El proyecto delimita con claridad sus ámbitos de aplicación, excluyendo a la administración pública, trabajo doméstico, agrario y plataformas digitales, con el fin de adaptarse a las nuevas modalidades laborales y aportar seguridad jurídica.

Se propone además la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), buscando simplificar trámites y reducir costos al unificar registros laborales, facilitando la formalización en las pequeñas y medianas empresas.

En relación con la subcontratación, la reforma limita la responsabilidad solidaria a casos comprobables de incumplimiento, con el propósito de fortalecer cadenas productivas y mejorar el empleo indirecto con mayor control.

Sobre la jornada, se prevé la figura del banco de horas y la posibilidad de calcularla con promedios semanales, respetando siempre los límites legales y promoviendo la conciliación trabajo-vida personal.

Con respecto a licencias por accidente o enfermedad inculpables, el empleador deberá pagar prestaciones no remunerativas, preservando ingresos y aliviando cargas patronales, salvo las destinadas a obra social, para proteger al trabajador y reducir desvinculaciones.

En vacaciones, se permite el fraccionamiento en períodos mínimos de siete días, promoviendo flexibilidad y mejor planificación.

Un capítulo relevante es la incorporación de la formación profesional continua, con el objetivo de actualizar competencias alineadas a los cambios tecnológicos y organizacionales, potenciando la empleabilidad y productividad.

Finalmente, el proyecto no contempla la reimplantación de tickets canasta ni el status laboral de trabajadores de plataformas. Podrían incluirse regulaciones específicas para regímenes especiales, pymes y prácticas formativas, y se estudian cambios en la ley procesal laboral.

La CGT rechazó las propuestas presentadas, advirtiendo que no fueron consensuadas y expresaron que no aceptarán modificaciones que limiten derechos laborales consagrados, especialmente los incluidos en el DNU 70, rechazado previamente.